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¿Desafío al Estado desde el Estado?
-Wifredo Espina-17/07/08 Nuevamente Ibarretxe, con la complicidad del Parlamento vasco, desafía al Estado. Acaba de oficializarlo con la publicación de su plan sobre la consulta o referéndum soberanista o de autodeterminación de Euskadi.
También en Cataluña va ganando terreno, en el mundo político más que en el social, el deseo y la decisión de plantear envites de autodeterminación frente al Estado. Solo hace falta, para verificarlo, repasar las ponencias y las conclusiones de los últimos congresos de algunos partidos, como ERC y CDC , y las declaraciones de ciertas plataformas llamadas cívicas.
Que estos planteamientos se hagan desde formaciones políticas o movimientos sociales, entra perfectamente dentro de la diversidad y pluralidad .que caracteriza a un país tan poco homogéneo, de tan larga historia y distintas culturas y lenguas, como es España. Otra cosa es que se haga desde gobiernos, o por miembros de gobierno, que deben su legitimidad institucional al actual marco jurídico-constitucional que instauró el Estado de las Autonomías: es decir, que dio origen y entidad jurídica a aquellas autonomías.
Desde su origen y con su plasmación legal, las actuales autonomías forman parte sustancial del Estado. Por tanto, son Estado, como ellas mismas se encargan de recordar y proclamar, con cierta frecuencia, especialmente cuando se trata de defender o reclamar legítimamente competencias ya cedidas o aún por traspasar, si desde la Administración central, como ocurre demasiadas veces, se recortan, limitan o retrasan, incumpliendo lo establecido también en el marco jurídico.
Si las Comunidades autonómicas, sus gobiernos y parlamentos, son parte del Estado, si son Estado, ¿cómo es posible que desde las mismas se desafíe al propio Estado sin entrar en una clara contradicción y aún su propia deslegitimación? No solo puede entenderse como una manifiesta deslealtad, sino como un socavarse sus propias raíces jurídico-constitucionales, lo cual les deja a la intemperie de toda justificación y protección dentro del vigente Estado democrático de Derecho.
Por muchas razones de peso que invoquen (históricas, sociales, culturales, etc.), y muy legítimas en el campo de la discrepancia social democrática, institucionalmente las Comunidades Autonómicas no pueden, sin caer en el absurdo, desafiar o pretender romper el marco constitucional al que deben jurídicamente su razón de ser, como instituciones legales. Pueden proponer y propugnar su mejora o reforma, más o menos radical, pero no salirse de el, porque en este caso quedarían sin fundamento jurídico, quedarían en el aire. Se autodestruirían automáticamente.
Siendo parte del Estado, siendo Estado, no se puede ir, sin caer en flagrante y peligrosa contradicción, contra el mismo Estado del que se forma parte sustancial. Equivaldría, vestido como se quiera y con todas las atenuantes que se aleguen, a un golpe de Estado desde dentro del Estado. (03/07/2008) Del talante a la soberbia
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