El boicot

-Victoria Lafora-

06/02/08

Las leyes que se aprueban en las Cortes Generales no tienen garantizado un correcto recorrido en las Comunidades Autónomas que pueden, como de hecho están haciendo las gobernadas por el Partido Popular, boicotear la aplicación de normas sociales que mejoran la vida de los ciudadanos.

La vida política llega a su nivel más alto de miseria cuando, por ejemplo, no se tramitan las ayudas al alquiler, para no dar al adversario ventaja en la contienda electoral. Porque esa es la verdadera razón por la que Castilla León, Madrid y Navarra no han gestionado ni una de las solicitudes para cobrar los doscientos diez euros mensuales, con los que el Ministerio de la Vivienda quiere ayudar a los jóvenes a emanciparse. En concreto en Madrid, donde gobierna Esperanza Aguirre, las peticiones de los jóvenes duermen el sueño de los justos porque, según los altos cargos populares, no funciona el sistema informático. Y esto ocurre en la capital del Estado, una comunidad uniprovincial, donde las cosas deberían ser más sencillas. O en la consejería madrileña no son muy espabilados con la tecnología, o lo hacen intencionadamente para que a los beneficiados, que hubieran debido cobrar en febrero, no se les fuera a ocurrir votar al PSOE con la alegría.

Pero este no es el primer boicot. Ya en el mes de noviembre Esperanza Aguirre decidió no incluir, en el convenio de servicios sociales que establece con los ayuntamientos cada año, la partida presupuestaria imprescindible para desarrollar la Ley de Dependencia. Por tanto, los municipios necesitarán de un desembolso extra de dinero que seguramente llegará con mayor alegría a partir del nueve de marzo. Hasta entonces, y para no dar votos al PSOE, los servicios de ayuda a domicilio y teleasistencia, se verán reducidos por falta de dinero. También en este caso la consejería de Asunto Sociales de Madrid tiene una explicación que pretenden que se crea la ciudadanía: alegan la falta de voluntad política de Zapatero para sentarse a negociar la ley con esta comunidad y que el ejecutivo socialista no les ha emplazado a firmar el convenio necesario para su entrada en vigor. Lo extraño es que no se les caiga la cara de vergüenza de retrasar la ayuda a los dependientes por un claro motivo electoral. Es más que probable que estos dirigentes autonómicos crean que los votantes son tontos y no se dan cuenta de este juego sucio. Pero, a estas alturas, no deberíamos extrañarnos de nada y menos a un mes de la cita con las urnas. Ahí la decisión está en nuestras manos.

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