Progreso, ¿hacia dónde?

-Ramón Pi-

07/07/08

En el congreso del PSOE celebrado este fin de semana han ocurrido cosas muy previsibles, como la ratificación triunfal del liderazgo de José Luis Rodríguez Zapatero, que ha conducido al partido a una segunda victoria electoral, y es de bien nutridos ser estómagos agradecidos, según dice el conocido refrán (aunque adaptado a las circunstancias). Pero también hemos presenciado cosas sorprendentes, como la ignorancia deliberada de la realidad del aborto en el mundo, que ya se ha cobrado más de mil millones de víctimas, según los datos oficiales de la ONU y los distintos Estados desde la sentencia Roe vs. Wade dictada por el Tribunal Supremo de Estados Unidos en 1973: el genocidio más devastador en la historia del paso del hombre sobre la Tierra.

Uno de los acuerdos más celebrados del congreso socialista ha sido el instar al Gobierno a que promueva una ley de las llamadas "de plazos", que se distingue de la actualmente vigente en que el aborto practicado durante un cierto período del embarazo pasaría de ser un delito -castigado o no- a constituir un derecho de las madres, al no tener que dar explicaciones a nadie de por qué dan muerte a sus hijos en ese plazo. ¿Qué plazo? El que diga en su día la ley; eso es enteramente arbitrario y no tiene ningún fundamento reconocible.

Ya es llamativo el acuerdo en sí mismo. Pero aún lo es más, e infinitamente más inquietante, que nadie parezca haberse planteado que una ley de plazos sería estrepitosamente inconstitucional, si nos atenemos a la doctrina sentada por el Tribunal Constitucional, según la cual el hijo concebido y no nacido es jurídicamente protegible, incluso por vía penal, salvo en los tres "casos límite" conocidos, que habría que documentar caso a caso para establecer el conflicto de intereses que permitiría a la madre privar a su hijo de la vida.

Esta sorda convicción de que el TC dará el visto bueno a lo que hagan el Gobierno y las Cortes Generales, sea lo que fuere, es lo más aterrador, porque nos muestra hasta qué punto ese último seguro de juridicidad está desactivado en materia tan básica, tan esencial, tan previa a todo lo demás como el derecho a la vida. ¿Cómo puede pensarse que haber llegado a una situación así es un signo de progreso? De progreso, ¿hacia dónde?

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