El Gobierno autonómico de La Rioja tiene a su disposición unos servicios jurídicos. Eso está muy bien, porque con cierta frecuencia los políticos llegan a sus cargos sin el recomendable bagaje en materia de Derecho y leyes, no diré yo que a un nivel de premio Nobel, pero cuando menos de cultura general. Incluso se ha dado el caso de que ha llegado a ministro del Gobierno nacional persona sin siquiera el bachillerato. En situaciones así, el auxilio de los servicios jurídicos resulta de lo más útil, no sólo para los políticos, sino sobre todo para el conjunto de los ciudadanos.
Los problemas, sin embargo, pueden presentarse por donde menos se espera, como acaba de ocurrir ahora en La Rioja: concretamente, por unos servicios jurídicos cuyos dictámenes revelan una ignorancia pasmosa no ya respecto a intrincados vericuetos de teoría política o jurídica, sino referida a cuestiones elementales, y aún evidentes para un profano. Los servicios jurídicos del Gobierno autonómico riojano acaban de establecer, en relación con la asignatura de Educación para la ciudadanía, que la objeción de conciencia "no está reconocida en nuestro Estado de Derecho ni en Derecho alguno, pues significaría la negación misma de la idea del Estado".
De dónde se han sacado esos servicios jurídicos semejante doctrina es un misterio. Ignorar la Constitución, varias sentencias del Tribunal Constitucional y la misma Carta Europea de Derechos Humanos, que forma parte de nuestro Derecho nacional, es demasiado para que ese dictamen pueda tomarse en serio. Sin embargo, el Gobierno autonómico de La Rioja sí que se lo ha tomado en serio, y ha decidido no admitir objeciones de conciencia a la dichosa asignatura. Sencillamente fantástico.
