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El aborto y el Gobierno-Francisco Muro de Iscar-
13/03/08 Hace unas semanas, cuando surgió el escándalo de las clínicas del doctor Morín en Barcelona y Madrid, con presuntos abortos irregulares, varios ministros del Gobierno, ahora en funciones, se apresuraron a "llamar al orden" al juez que instruía el sumario, entre otras razones porque había llamado a declarar a algunas de las mujeres que habían abortado en esas clínicas.
Simultáneamente, se lanzó una campaña contra la objeción de conciencia de los médicos, y se hicieron denuncias, aunque sin nombres, de que algunos médicos que objetaban en la sanidad pública luego practicaban abortos en la privada. También hubo una huelga de la patronal de clínicas abortistas. Y, finalmente, dos miembros del Gobierno, y una consejera automática, si no recuerdo mal, no sólo se pusieron de parte de las clínicas sino que dijeron que iban a tomar nuevas medidas para garantizar mejor el derecho de las mujeres a abortar.
No hablaron de los derechos del nasciturus, ni esperaron a conocer los datos de la instrucción sumarial, ni se plantearon inspeccionar las clínicas privadas que se lucran con esos abortos ni tampoco hablaron del respeto a la ley del aborto. Ignoro si pusieron los hechos en conocimiento del Colegio de Médicos por si ese comportamiento era deontológicamente reprobable, pero no creo.
Ahora, vamos conociendo más detalles del sumario abierto por el juez. En esas clínicas se han practicado abortos a niñas de 13 años -lo que supone la ocultación de un delito de violación, ya que así se considera penalmente la relación sexual con una menor-, y a mujeres embarazadas de hasta 33 semanas, ocho meses de embarazo.
Nunca hablaban con el psicólogo ni se hacían informes psiquiátricos, aunque esa era la razón para justificar el aborto. Además de las trituradoras industriales, los fetos vivos de más de 12 semanas se troceaban con el bisturí y se tiraban en contenedores de "residuos sanitarios". La empresa que transportaba los restos no estaba autorizada para ello. Hay más detalles que ponen los pelos de punta, que me resisto a relatar.
Hay, en efecto, una ley de aborto. Nos guste o no, haya o no unos criterios morales en un asunto tan terrible como el aborto, sea o no una decisión libre de muchas mujeres, haya o no otras posibilidades -que en muchos casos las hay-, tengan o no otra salida algunas mujeres, el Gobierno es también responsable de garantizar que nadie va más allá, ni un milímetro, de lo que la ley fija.
Y los mismos que le atacaron deberían pedir ahora excusas al juez porque gracias a él, a que no se rindió, a que no tuvo miedo, a que llamó a declarar a algunas mujeres-víctimas, decenas o centenares de presuntos delitos van a poder ser juzgados y, si se demuestra su responsabilidad, los supuestos delincuentes van a pagar por lo que hicieron. Las leyes, incluso las que no nos gustan, están para que se cumplan. Y el Gobierno debe ser el primero en exigírselo a todos. Y una pregunta final: ¿hay más casos como éste? La seguridad jurídica es una garantía a la que un Gobierno no puede renunciar.
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