Lector dD

Cárceles enfermas

-Gabriel Mª Otalora-

20/02/08

El confinamiento en las cárceles se basa en la privación de libertad; pero dentro de sus muros malviven las personas más débiles, menos integradas, más pobres y, en un alto porcentaje, enfermas. En este sentido, la cárcel actual a la luz de los Códigos Penales modernos, es la expresión jurídica de una injusticia social al chocar los medios con los fines legales perseguidos, como demuestra el día a día penitenciario.

A finales de 2007, Instituciones Penitenciarias facilitó estos datos: hay un médico por cada 155 internos y un especialista para cada 664, cuando en las prisiones se concentran las mayores tasas de enfermedades infecciosas graves. El 21% de la población reclusa está infectado por VIH, del que un 4,8% (es decir, 2.808 reclusos) están en fase muy avanzada de la enfermedad. Sin embargo, a nivel del Estado, la población total con SIDA no pasa del 0,33% mientras que el 80% de los presos ha tenido o tiene problemas graves con las drogas.

Faltan centros psiquiátricos penitenciarios, cuando más de 25.000 reclusos (40% del total) padecen trastornos mentales, de los que un 8% sufren patologías mentales graves.

Con la democracia cambiaron los postulados legales, incluida la materia penitenciaria, con un desarrollo legislativo que puso el acento en la reinserción. Llegó el Estado de las Autonomías, el siglo XXI... y todavía no se han resuelto las carencias más elementales sobre derechos humanos básicos ni el altísimo nivel de reincidencias, que es el verdadero termómetro del fracaso de la reinserción social de los reclusos y reclusas.

La política penitenciaria no funciona. La ley no se cumple porque la cárcel sigue siendo un instrumento de castigo en línea con la vena social de venganza que la educación de todos estos años en democracia no ha sido capaz de aminorar. Menos rejas y más medidas sanitarias y educativas; más trabajo de inserción social para erradicar la imagen de la prisión habitada fundamentalmente por pobres y enfermos. ¿Hasta cuándo?