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Más que palabras-Esther Esteban-
28/03/08 El caso del asesinato de la pequeña Mari Luz y la detención del presunto autor de los hechos, además de provocar la lógica alarma social, ha reabierto en nuestro país el debate sobre el funcionamiento de la Justicia. Al margen del espanto y la repugnancia que provoca este tipo de delitos, el hecho de que el criminal tenga un cargado historial delictivo por abusos sexuales- cometidos incluso contra su propia hija de tan solo cinco años- que haya sido condenado a cuatro años y nueve meses de prisión; que el juzgado correspondiente no hubiera cursado la orden de busca y captura y la fiscalía no se hubiera interesado siquiera por la ejecución de la condena, pone en evidencia no solo que la muerte de la pequeña Mari Luz se podía haber evitado, sino que ha fallado estrepitosamente la Justicia y el sistema.
Desgraciadamente ya nadie puede devolver la vida a la pequeña de Huelva, ni posiblemente podrá devolver la infancia y la inocencia perdida a las niñas victimas de este depravado, pero si se deben depurar al máximo las responsabilidades por tales despropósitos para que hechos similares no se vuelvan a producir. Aunque el Consejo General del Poder Judicial ya ha abierto una investigación al respecto, cosa que debería hacer de igual manera la fiscalía, no está demás que tal como ha solicitado el portavoz de los jueces, en nuestro país se abra una reflexión profunda sobre si para este tipo de delitos cabría plantearse bien la cadena perpetua, bien algún tipo de penas especiales que permitan un seguimiento y control de los pederastas cuando cumplan la pena de prisión.
Yo, personalmente, no soy partidaria de la cadena perpetua para todos los delitos, teniendo en cuenta que el objetivo de la pena -como reza la Constitución en su articulo 25- es la reinserción social, pero sí estaría a favor de hacer excepciones al respecto cuando se acredita perfectamente la peligrosidad social de un condenado y se tiene la certeza de que es puesto en libertad sin estar rehabilitado. Adoptar medidas para evitar reincidencias que como ha ocurrido en el caso de Mari Luz tienen unas terribles y espantosas consecuencias serian muy convenientes y ayudaría a recuperar la confianza perdida de la Justicia. El problema en este caso, y en otros muchos que se plantean en torno a la violencia machista -con un alto índice de asesinatos cometidos por agresores con órdenes de alejamiento a la victima- es que el poder legislativo y el judicial se sitúan en la tibieza de lo políticamente correcto.
Eso provoca que con un sistema absolutamente garantista como el español, al final se proteja más al verdugo que a la víctima y en suma que no se haga justicia. Medir solo el grado de culpabilidad y no la peligrosidad de un delincuente a la hora de reincidir es no querer ver una realidad que está ahí. La muerte de Mari Luz se podía haber evitado y no se ha hecho por negligencia. Es la hora de depurar responsabilidades caiga quien caiga.
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