Creo en la justicia universal y ya me gustaría, ya, que los dictadores de cualquier pelaje fuesen juzgados por sus crímenes. Y eso es válido no sólo para RadovanKaradzic, sino también para muchos jefes de Estado —desde Robert Mugabe a Muammar al Gadafi y desde Kim Jong Il a Teodoro Obiang—, con quienes los distintos gobiernos españoles han estado dándose el pico, un día sí y otro también.
Pero, al parecer, sólo los jueces de nuestro país andan lo suficientemente desocupados para meterse en esos berenjenales. Concretamente, eso le sucede con mucha frecuencia al magistrado de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz, quien acaba de admitir una querella contra siete dirigentes chinos, previsiblemente con la misma nula eficacia con la que en su día procesó a tres marines estadounidenses por la muerte del cámara televisivo José Couso.
Supongo que actuaciones de este tipo, más que un resultado penal o simplemente ejemplarizante, sí que tienen un rendimiento mediático y publicitario para sus autores, mucho mayor que el de intentar remediar con discreción miles de injusticias cotidianas en nuestros abarrotados tribunales.
Y es que España no es, precisamente, un país en el que la justicia brille por su celeridad y su eficiencia. Más bien, lo contrario. En nuestros juzgados, son frecuentes los procesos que se dilatan hasta quince años o más, con lo que cualquier sentencia deja de ser justa debido a la demora en su aplicación. Según los sindicatos del sector, “miles de sentencias quedan sin ejecutar” y en algún tribunal “ha prescrito hasta el 30 por ciento de las penas impuestas”.
De vez en cuando, esta situación se pone en evidencia al sancionarse a algún juez que acumula cientos de sentencias sin dictar, como la magistrada Rosario Hevia, o mantiene en la calle al delincuente Santiago del Valle, quien luego acabaría matando a la niña Mari Luz Cortés, como hizo el juez Rafael Tirado.
No son tan infrecuentes, insisto, estos casos. No hace tanto, cuatro peligrosos narcos quedaron en libertad al exceder su tiempo de prisión preventiva sin haber sido juzgados. Otros delincuentes, como Allekena Lamari o Sael El Harreck, fueron puestos en libertad por error y dos años después participaron en la matanza de Atocha. Y, a la inversa, la desidia de otra juez, Adelina Hevia, mantuvo preso durante 437 días a un hombre al que previamente había declarado inocente.
Con ese panorama de retrasos, acumulaciones, insuficiencias y errores procesales, el que pretendamos juzgar al mundo mundial no sólo parece una utopía inalcanzable sino hasta una obvia insensatez.
