Da para mucho el caso de Mari Luz Cortés, la niña que, según la propia confesión del detenido, fue asesinada en Huelva por un pederasta cargado de antecedentes. No sólo para solidarizarse con su familia, para exigir el mayor rigor en la aplicación de la ley o para canalizar la repulsión que nos produce a todos el asesinato de una niña de cinco años asociado a la pedofilia, una de las conductas humanas más abominables. A la vista de lo ocurrido el jueves pasado ante la Audiencia Provincial de Huelva y de lo que hemos sabido sobre el historial del presunto asesino, Santiago del Valle, el caso Mari Luz también da para poner en cuestión el funcionamiento de un sistema que deja circular libremente a un pederasta convicto, confeso y con dos penas de cárcel por abusar de otras dos niñas; una de ellas, su propia hija, respecto a la que tiene orden de alejamiento extensiva también a su otra hija.
Ese es el personaje. Y ese es el funcionamiento de una Justicia incapaz de cursar ante la Policía ninguna de las dos disposiciones pensadas para controlar a un ciudadano con cuentas pendientes en los tribunales: una, la averiguación de paradero; otra, la orden de busca y captura. Un aspecto del problema que toca investigar el Consejo General del Poder Judicial, aunque de entrada al menos estamos ante un problema de ineficacia, incompetencia o simple desidia.
Capítulo aparte merece la explosión de ira popular televisada en directo el jueves por la tarde, en la llegada a Huelva del presunto asesino, Santiago del Valle, para ser puesto a disposición de los jueces. El balance es conocido: ciudadanos irritados que querían acercarse al tal Santiago, dotación policial obligada a protegerlo y daños colaterales en la integridad física de tres agentes, un cámara de televisión y una reportera de radio.
"Sólo queríamos mirarle a la cara", explicaba uno de los vecinos de la familia después de la carga policial, aunque el "dejadlo libre, que nosotros nos encargamos" refleja mejor el sentido de los incidentes. Una desordenada expresión de rabia, impotencia e indefensión sentida por vecinos y amigos de Mari Luz frente a un sistema que no late al ritmo de sus corazones solidarios. Reacción lógica y previsible, a pesar de las reiteradas llamadas a la calma del propio padre de la niña, Juan José Cortés, que ha depositado su confianza en la Justicia.
Hemos visto las imágenes una y otra vez. En ellas alguien grita: "Me cago en los muertos de quien más manda en España". También es una forma de reprobar un sistema que despacha con un "en paradero desconocido" la libre circulación de semejante individuo.
