Contra los amigos de ETA

-Antonio Casado-

25/01/08

Después del último Consejo de Ministros ya sabemos que el PCTV y ANV, los dos partidos instrumentalizados por la ilegal Batasuna, tienen los días contados y no podrán presentarse a las próximas elecciones generales. Por la vía política (Ley de Partidos) y por la vía penal (Código Penal), las próximas actuaciones de la Fiscalía y la Abogacía del Estado conducirán a la suspensión judicial de actividades, así como al cierre de sedes, de dichas organizaciones. Es el desenlace más probable, aunque el procedimiento apenas acaba de ponerse en marcha.

Una buena noticia para todos los españoles bien nacidos que el Gobierno haya activado los mecanismos para hacer posible estas medidas de salud pública. Los aspavientos de algunos sobre la posible utilización electoral del asunto no se justifican frente a la importancia de dicha noticia. Si los jueces acaban poniendo fuera de ley a estos amigos de Eta, parece de menor cuantía obsesionarse con la dichosa pregunta del por qué ahora y no antes. Técnicamente porque ahora se han acumulado pruebas suficientes para demostrar que ANV y PCTV están política y económicamente vinculadas a Batasuna. Y políticamente porque el Gobierno ha entendido que era el momento "oportuno", por supuesto. Ambas cosas pueden ser ciertas: existencia de pruebas y sentido de la oportunidad. Pero sin pruebas no se hubiera llegado a ese "minuto" del que hablaba hace unos días el ministro de Justicia. Es decir, sin pruebas no hay "minuto" que valga.

Hacerse de nuevas no cuela. Me explico. Uno, la esencia de la política es la oportunidad. Dos, el Gobierno es una institución eminentemente política. Y tres, los autores intelectuales de la Ley de Partidos Políticos -el "legislador", que diría un profesor de Derecho Constitucional- decidieron dejar sólo en las manos del Ejecutivo -y en las del fiscal, que viene a ser lo mismo- los resortes para poner fuera de la ley a un partido. Conviene recordar que los inspiradores de la Ley fueron los mismos que ahora disputan de modo irresponsable. El PP en el poder y el PSOE en la oposición decidieron entonces otorgar al Gobierno la exclusiva de instar la declaración de ilegalidad de un partido político y solicitar en su caso, a través de la Fiscalía, la suspensión de actividades como medida cautelar.

Con pruebas en la mano. El fiscal o el abogado del Estado no podían plantarse ante la sala especial del Tribunal Supremo con un discurso de Aznar o un editorial de "ABC", como elementos probatorios de la vinculación de ANV y PCTV con Eta y Batasuna. Cuando ha habido pruebas fehacientes, recogidas en los informes policiales, se ha dado el paso. Y ojalá se traduzca en autos judiciales que retiren de la circulación a esas dos organizaciones antes de las elecciones del 9 de marzo.

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