Ideas o delitos

-Antonio Casado-

21/12/07

Lamentable reacción del Gobierno vasco y del PNV ante la sentencia de la Audiencia Nacional que condena a 47 dirigentes del hasta ahora llamado "entorno" de ETA. Y digo hasta ahora porque la misma sentencia dictamina que lo que antes llamábamos entorno era en realidad el corazón y las entrañas de la banda terrorista. A lo que vamos. Los portavoces del Gobierno vasco y de su partido de referencia, el PNV, es decir, la versión más tratable del nacionalismo vasco, han arremetido contra la sentencia del macrosumario 18/98 por entender que penaliza las ideas.

Por si eso fuera poco, han puesto en duda la independencia de los tribunales. Creen el lehendakari Ibarretxe y su consejero, Joseba Azkárraga, que con esa sentencia, dada a conocer este miércoles por la presidenta del tribunal, Ángela Murillo, aumenta el desprestigio de la Justicia española. Penoso y desalentador. Al decir que la Audiencia Nacional está encarcelando las ideas, el Gobierno vasco y el PNV están demostrando ser más sensibles a las razones de una banda terrorista que a las del Estado de Derecho. No me refiero tanto a las razones de ETA para matar, extorsionar o condicionarnos todos con el uso de la violencia, que a lo mejor también, sino a las razones de ETA para repudiar una sentencia que encarcela a sus amigos.

En ese sentido, Juan José Ibarretxe (Gobierno vasco) e Iñigo Urkullu (PNV) parecen entender mejor los motivos de ETA para encañonar al Estado que los del Estado para defenderse. Algo que les estaría alejando de la ciudadanía vasca, según los resultados del último "euskobarómetro", en el que Josu Jon Imaz, el anterior presidente del PNV, bastante menos comprensivo con ETA, aparece como el líder político más valorado. Si eso se confirma estaríamos ante un interesante punto de inflexión. Cierto, porque hasta ahora la sintonía de ese partido con los votantes se ha ido reflejando en la ocupación de la centralidad política y en sucesivas victorias electorales.

Es decepcionante que el PNV reaccione de forma tan comprensiva, no ya ante las violaciones del quinto mandamiento por parte de Eta y sus amigos, sino a las del Código Penal. El llamado nacionalismo moderado debería entender que si los etarras y quienes les apoyan no respetan las reglas del juego de la política deben acostumbrarse a las de la Justicia. El Estado no tiene otro modo de ejercer su derecho a la legítima defensa. Frente a quienes matan, pero también frente a quienes les apoyan y les bailan el agua. Los jueces dicen que en realidad son la misma cosa. Al menos en términos judiciales, si bien el formato judicial sólo es un modo más solemne de declarar lo que ya sabían hasta las piedras. Pero, al parecer, no lo saben Ibarretxe y Urkullu. O no lo quieren saber.

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