Terminales de Batasuna

-Antonio Casado-

12/12/07

Los autores intelectuales de la Ley de Partidos Políticos (junio 2002), fueron el PP y el PSOE. O sea, el Gobierno y el principal partido de la oposición, ahora con los papeles cambiados. Se hizo encaje de bolillos para adaptarla al ordenamiento jurídico y hacerla coherente con lo esencial del régimen democrático: el derecho de sufragio. Es decir, el derecho de todos los ciudadanos a votar y a ser votados, amén de garantizar el ejercicio de los cuatro derechos que confieren sentido a la democracia participativa: expresión, asociación, reunión y manifestación.

Sin embargo, por un elemental principio de legítima defensa del Estado, los legisladores marcaron el campo de la representación y la participación políticas, dejando fuera únicamente a los grupos que practicaran o apoyaran la violencia como instrumento para defender sus objetivos. Evidentemente se pensaba en Eta y Batasuna, los únicos supuestos que justificaron aquella ley.Pero frenar o limitar a esos grupos no puede derogar de ninguna manera el Estado de Derecho. Por eso los inspiradores de la ley decidieron que su exclusión debía hacerse con pruebas fehacientes de la vinculación de esos grupos a Eta o a su brazo político clásico. Con pruebas, no con soflamas, no con editoriales de Prensa, no con lemas de Alcaraz en las manifestaciones de la AVT. Y siempre a instancias de la Abogacía del Estado o la Fiscalía. O sea, del Gobierno, que es el que dirige la política antiterrorista, y no a conveniencia de la oposición.

Son las generales de la ley cuando, al saberse que el Gobierno piensa instar la ilegalización de ANV y PCTV, algunos se preguntan por qué ahora y no antes, como reiteradamente venía reclamando el PP. Tampoco tiene mayor misterio. Desde el punto de vista técnico, se va a hacer cuando se acumulan bastantes piezas probatorias de que esas organizaciones incumplen la Ley de Partidos. Y desde el punto de vista político, porque es ahora cuando el Gobierno lo considera "oportuno". En vísperas de elecciones Zapatero quiere lanzar una ofensiva legal contra las terminales de Batasuna. El oportunismo está claro. Pero también es verdad que sin pruebas que poner sobre la mesa de la sala especial del Tribunal Supremo, que es el que definitivamente decide si se pone fuera de la ley o no a un partido político, no hay momento oportuno que valga. Por tanto, nada de rasgarse las vestiduras, pues la esencia de la política es la oportunidad, el Gobierno es una institución eminentemente política y, finalmente, los autores intelectuales de la Ley de Partidos quisieron en su día dejar sólo en las manos del Ejecutivo los resortes para poner fuera de la ley a un partido. Más claro, agua.

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