Oído en alguna parte: "El agua calienta más que el fuego y emborracha más que el vino". Por no glosar aquello de que "al enemigo, ni agua". Son notas a pie de página sobre el grado de irritación mostrado por el presidente de la Comunidad Valenciana, Francisco Camps, al confirmarse el acuerdo entre el Gobierno Zapatero y la Generalitat de Cataluña para calmar la sed de los barceloneses mediante un trasvase de la cuenca del Ebro a la del Llobregat.
En realidad se trata de un trasvase previsto en el denostado y abolido Plan Hidrológico Nacional del Gobierno del PP. Consistía entonces, y consistirá ahora, en la prolongación del llamado ministrasvase Ebro-Tarragona, según acuerdo adoptado este martes en un encuentro de la vicepresidenta del Gobierno, Teresa Fernández de la Vega, y el presidente de la Generalitat, José Montilla, al que asistió también la nueva ministra de Medio Ambiente, Elena Espinosa. Las obras, básicamente una tubería de 62 km que discurrirá a cielo abierto en paralelo con la autopista A-7, comenzarán en mayo.
El Gobierno y los socialistas catalanes sostienen que es la solución más rápida, más barata y más eficaz, para resolver el desabastecimiento que se cierne sobre los 5 millones de habitantes del área de Barcelona. Y seguramente es así, pero el malestar de las Comunidades Autónomas de Valencia y de Murcia, ambas gobernadas por el PP, se debe al agravio comparativo que supone el hecho de no haber sido atendidas sus reclamaciones en circunstancias similares en base a un discurso y unos principios que no se han aplicado en esta ocasión. Como si la sed de Barcelona fuese más respetable que la del Levante español.
Es una cuestión de principios. Por tanto, de universal aplicación, al margen de marcas políticas, en nombre de la solidaridad entre personas y territorios. Si se está contra los trasvases de agua entre cuencas fluviales, por razones medioambientales, se aplica esa convicción con todas las consecuencias. No vale alegar que la prolongación del minitrasvase sólo llevará agua sobrante, de forma excepcional, en poca cantidad y pagando derechos a los regantes del Campo de Tarragona, porque en esas mismas condiciones el Gobierno de Zapatero negó transferencias de agua en ocasiones precedentes, apostando por otras alternativas -desaladoras, básicamente-, e invocando los principios de respeto a la Naturaleza que ahora olvida.
Eso se llama agravio comparativo y explica que Francisco Camps, presidente de la Comunidad Valenciana, hable de "humillación para los valencianos". Así perciben éstos el conflicto del agua en su más reciente versión. Y ojalá no sirva de pasto fresco al anticatalanismo que, según Angel Luna, portavoz parlamentario del PSOE, Camps trata de alimentar, mientras Moncloa sigue sin hablar de "trasvase", aunque lo es con todas las de la ley. Al autorizarlo, Zapatero se desmiente a sí mismo y rompe la cintura de los socialistas valencianos y aragoneses, por una razón y su contraria.
