Las madrileñas Montera y la plaza de Soledad Torres Acosta serán desde hoy vigiladas con cámaras de video

Un total de 31 cámaras, 30 móviles y una fija, velaran desde hoy por la seguridad en la calle de la Montera y la plaza de Soledad Torres Acosta, conocida popularmente como la 'plaza de los cines Luna', después de que el Ayuntamiento de Madrid haya obtenido la autorización por parte de la Comisión de Videovigilancia.

diarioDirecto 25/02/08

Según informó el Ayuntamiento, la zona de seguridad que van a cubrir las cámaras comprende la calle de la Montera, la Gran Vía, en el tramo comprendido entre la Red de San Luis y la plaza de Callao, y la plaza de Santa María Soledad Torres Acosta y su entorno.

El delegado de Seguridad, Pedro Calvo, recordó la semana pasada que el sistema "preservará siempre la intimidad de los viandantes", y va a permitir un mayor control de la zona, así como erradicar aquellas actividades y comportamientos ilegales que se dan en la misma. En definitiva, "se trata de recuperar un espacio para los ciudadanos" y de "dar respuesta a una reiterada reivindicación vecinal", apuntó.

La capacidad de almacenamiento de imágenes será de un máximo de siete días, al cabo de los cuales el vídeo se borrará. La gestión de la videovigilancia se realizará desde la Unidad de Policía Municipal de la calle de la Montera, que contará con el respaldo del centro de integración de CCTV policial (CI-CCTV), donde se reciben todas las imágenes actualmente disponibles.

Calvo explicó que con esta medida el Ayuntamiento "da continuidad al proyecto puesto en marcha en diciembre de 2005 en la Plaza Mayor, uno de los puntos más emblemáticos de la ciudad, y de visita obligada para los turistas" y anunció que el Gobierno de la ciudad va a ampliar el campo de visión de dos de las cámaras ubicadas en la Plaza Mayor.

En concreto, la situada en el Arco de Felipe III, que la desplazarán hacia el exterior para que recoja lo que sucede en la calle Mayor en la confluencia de dicho arco y, la cámara que actualmente da cobertura a la calle de la Sal, que ampliará su campo con la calle de Postas, donde habitualmente se concentran muchos grupos de personas.

Según el responsable municipal se trata de una nueva medida del Ayuntamiento de Madrid "en su esfuerzo por impedir que se den las circunstancias para la comisión de delitos y faltas en las calles, convencidos de que es posible crear espacios urbanos más humanos, y de que la seguridad debe ser uno de las características señeras de la ciudad".

Espacios conflictivos

Según recordaron desde el Consistorio, debido a los numerosos sucesos violentos que han hecho esta zona "una de los más conflictivas y degradados de la ciudad", poniendo como ejemplo el estado de deterioro de la "Plaza de la Luna" , el Gobierno de Ruiz-Gallardón implantó un dispositivo de vigilancia especial intensiva en marzo de 2004, que aún hoy sigue en funcionamiento, y que ha obtenido "buenos resultados".

Desde entonces se han realizado 188.949 actuaciones, entre las que destacan 1.724 detenciones por distintos conceptos y 217 denuncias por tenencias de armas.

A pesar de las medidas policiales, Calvo señaló que el número de infracciones penales en este perímetro sigue siendo más elevado que en el resto de la ciudad, por lo que la implantación del sistema de videovigilancia, "que tienen un efecto disuasorio", complementará la presencia policial.

Igual que ocurrió con la instalación de las cámaras en la Plaza Mayor, esta propuesta nace dentro del ámbito de la Ley de Vigilancia, por la que se regula la utilización de videocámaras por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en lugares públicos y el Real Decreto 596/99, de 16 de abril, por el que se aprueba el Reglamento de utilización de videocámaras por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en lugares públicos, en cuanto a la instalación de video grabación para prevenir hechos delictivos y garantizar la seguridad ciudadana.

Según el Ayuntamiento, para planificar la iniciativa también se han tenido en cuenta los principios de proporcionalidad y adecuación a los objetivos propuestos, y la propia Ley Orgánica 1/1982, de 5 de mayo, de protección civil del que regula el derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen.