El Supremo pospone una semana la posible ilegalización de ANV y PCTV

La Sala del 61 del Tribunal Supremo acordó hoy señalar el próximo 8 de febrero para la celebración de cuatro vistas públicas dirigidas a resolver la aplicación o no de las medidas cautelares (prohibición de concurrir a los comicios electorales y suspensión de actividades) solicitadas por la Fiscalía y la Abogacía del Estado contra los partidos políticos ANV y PCTV mientras se tramitan sus demandas de ilegalización.

Dichas medidas, a adoptar mientras se tramitan las demandas de ilegalización contra los dos partidos políticos, son la suspensión del derecho a acudir a las urnas, la suspensión cautelar de las actividades de los dos partidos, el cierre provisional de sus sedes y demás inmuebles y el embargo de sus cuentas bancarias.

La decisión del Supremo de dar audiencia a las partes obedece a la aplicación a este proceso de las normas procesales previstas en Ley de Enjuiciamiento Civil y a la categoría de "fundamentales" de los derechos cuya suspensión se pretende.

Con su decisión, la sala especial del Tribunal Supremo rechaza uno de lo procedimientos apuntados por la Fiscalía en su demanda de ilegalización, en el que se pedía a la Sala que acordara las suspensiones sin necesidad de dar audiencia previamente a los partidos demandados.

Fuentes de la Fiscalía señalaron que el Ministerio Público está "contento" con la decisión del Supremo porque ha estimado una de las "dos vías posibles" incluidas en su escrito de demanda. Esto es, la fijación de un calendario por la Sala que permita solventar las peticiones de medida cautelar "lo antes posible y, en todo caso, antes del próximo 11 de febrero", fecha de proclamación de las candidaturas a las elecciones generales.

En total, el viernes 8 de febrero se celebrarán cuatro vistas diferentes, dos por PCTV y dos por ANV, dado que, al no haberlo solicitado ninguna de las partes, la Sala no ha podido acordar la acumulación de estos procedimientos. La ausencia de petición de acumulación ha sido "consciente" por parte del Ministerio Público, según las mismas fuentes, que prefiere que el Supremo conteste a su demanda de forma separada a la de la Abogacía del Estado.

Está previsto que las vistas del próximo viernes referidas a PCTV se solventen durante la mañana, la primera para escuchar las alegaciones de la defensa y la réplica del fiscal jefe ante la Sala de lo Contencioso del Tribunal Supremo, Antonio Narváez; y la segunda para que el partido demandado pueda ser contestado por el abogado general del Estado, Joaquín De Fuentes Bardají. Por la tarde, se repetirá el procedimiento en otras dos sesiones diferentes con los abogados de ANV.

8 días para personarse

La primera reunión que celebra la denominada Sala del 61 con respecto a las demandas de ilegalización de PCTV y ANV se extendió durante unas tres horas y media, si bien los magistrados hicieron un breve receso a media mañana.

En primer lugar, los 16 magistrados que componen la Sala especial acordaron tener por interpuestas las demandas, designar los respectivos ponentes de cada una de ellas y emplazar a los partidos políticos para que, en el término de 8 días hábiles puedan personarse en el proceso, mediante abogado y procuradoR, en cumplimiento de los plazos establecidos en la Ley de Partidos Políticos.

Los ponentes designados para cada demanda son los magistrados más antiguos de las salas de lo Penal, Social, Contencioso-Administrativo y Militar el Tribunal Supremo, esto es, Enrique Bacigalupo, Ricardo Enríquez, Antonio Martín Valverde y José Luis Calvo.

La Sala del artículo 61 está presidida por el propio presidente del Supremo, Francisco José Hernando, y la componen además los presidentes de cada una de las cinco Salas (Civil, Penal, Contencioso-Administrativa, Social y Militar), los magistrados más antiguos (que llevan más tiempo en las mismas) y los más modernos (los últimos en llegar) en cada una de ellas.

No obstante, el tribunal reunido hoy contó con una composición provisional, puesto que no pudo acudir el nuevo presidente de la Sala de lo Social, Gonzalo Moliner, cuyo nombramiento fue aprobado el pasado miércoles por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y que todavía no ha tomado posesión de su cargo. En el mismo caso se encuentra Rosa María Virolés, la más moderna de la Sala de los Social, que fue sustituida hoy por la magistrada María Luisa Segoviano.