Un nuevo decreto podría proteger los derechos de las mujeres que aborten y de las clínicas
El Gobierno anunció que tomaría medidas para garantizar los derechos que asisten a las mujeres que toman la decisión de abortar con arreglo a la vigente legislación, y también para los profesionales de las clínicas que práctican la interrupción del embarazo.
diarioDirecto 01/02/08
Hoy, el
Consejo de Ministros recibió un proyecto de decreto del
Ministerio de Sanidad con este propósito. De forma complementaria, el
Ministerio de Justicia ha solicitado a la Agencia de Protección de Datos un informe sobre los límites en las inspecciones de los datos sanitarios de los pacientes por parte de las Administraciones Públicas. Foro de la Familia ha dicho que con esta medida, el Gobierno se preocupa de presuntos delincuentes en vez de por que se cumpla la ley.
En la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, la vicepresidenta De la Vega explicó que se trabaja en un proyecto de real decreto cuyo objetivo será establecer un marco común para reforzar las garantías en el cumplimiento de la Ley que despenaliza la Interrupción
Voluntaria del Embarazo y de las condiciones en que esa Ley se cumple, de forman que
"los profesionales de la sanidad y mujeres ejerzan sus derechos al amparo de la ley". También se pretende garantizar derechos reconocidos en la ley y en la Constitución, en especial la confidencialidad, guardia y custodia de las historias clínicas.
En este sentido, el
Ministerio de Justicia ha solicitado a la
Agencia de Protección de Datos un informe sobre los límites en las inspecciones de los datos sanitarios de los pacientes por parte de las Administraciones Públicas, anunció
De la Vega, quien advirtió que no puede adelantarse fecha sobre la aprobación del decreto ya que debe aún someterse al dictamen de los órganos de consulta previa y ser presentado a las comunidades autónomas.
El Gobierno adopta esta medida tras las actuaciones judiciales contra clínicas abortivas en Barcelona y Madrid por supuesta actividad fuera de la ley, que supuso, respectivamente, el encarcelamiento de profesionales sanitarios y la citación judicial de mujeres que habían abortado. Esta situación derivó en un paro de una semana en la actividad de las clínicas en protesta por la falta de garantías para su actividad.
InauditoEl anuncio de una nueva norma ha recibido las críticas del presidente del Foro Español de la Familia (FEF), Benigno Blanco, que calificó de
"inaudito" y
"sin precedentes en un Estado de Derecho" que el Gobierno "se ponga a defender a los presuntos delincuentes en vez de preocuparse de que la ley se cumpla".
Benigno Blanco aseguró que la actitud del Ejecutivo de
José Luis Rodríguez Zapatero es comparable a proteger a
"un presunto defraudador que se quejara de la inspección a la que le somete Hacienda", y afirmó que
"es evidente que el contexto de este anuncio del Gobierno es la reunión de los ministros con los responsables de las clínicas de abortos, que se quejaron de que les están investigando"
"Cuando se denuncian prácticas delictivas con indicios apreciados por los jueces, el Gobierno defiende a los presuntos delincuentes", afirmó, y señaló que esa actitud "
no tiene precedentes en un Estado de Derecho". Además,
"dar por hecho" que los jueces
"pueden estar violando los derechos de las mujeres con sus investigaciones es una intromisión inamisible en el poder judicial" por parte del Gobierno, aseguró.
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