La Fiscalía entrega al Supremo la demanda contra ANV

Solicita que se suspendan las actividades de ANV antes del 11 de febrero para evitar la proclamación de candidaturas.

diarioDirecto 31/01/08

El fiscal jefe ante el Tribunal Supremo, Antonio Narváez, presentó hoy pasadas las once de la mañana ante la Sala del 61 del Tribunal Supremo una demanda de ilegalización contra Acción Nacionalista Vasca (ANV) en la que se explica que "se ha producido una cesión a favor de la organización ilegal Batasuna de los derechos y prerrogativas que concede la normativa electoral a ANV".

En el texto de la demanda, de 109 folios de extensión, la Fiscalía dice tener pruebas de que "tras una inicial ambigüedad calculada respecto de los actos terroristas de la banda ETA", los miembros de ANV "han minimizado las acciones violentas de los terroristas, para terminar asimilando el discurso clásico de Batasuna".

En su demanda, al igual que hiciera ayer la Abogacía del Estado, el fiscal solicita al Supremo que adopte determinadas medidas cautelares con el fin de que este partido político no pueda presentarse a los próximos comicios electorales.

Estas medidas son la suspensión de toda clase de actividades de ANV "en la mayor brevedad y, a ser posible, antes del 11 de febrero, fecha de proclamación de candidaturas".

También solicita el cierre de su sede social y demás inmuebles de su titularidad; el embargo de los ingresos por subvenciones públicas; de las cuentas corrientes, depósitos y demás activos financieros a su nombre y, finalmente, la suspensión del derecho a la presentación de candidaturas y a la concurrencia a los procesos electorales.

Pruebas

A juicio del fiscal, se han apreciado conductas de apoyo a ETA en algunos representantes electos de ANV tras los atentados en la Terminal 4 del Aeropuerto de Barajas o el asesinato de dos guardias civiles en la localidad francesa de Capbreton.

El fiscal también incluye en su demanda las muestras de apoyo que la alcaldesa de Hernani ofreció a dos de los terroristas presuntamente responsables del atentado y al hecho de que el representante de ANV en el Ayuntamiento de Barakaldo se negara a condenar este acto criminal.

En el relato de hechos que realiza el Ministerio Público se incluyen las conductas de apoyo a los actos de coacción social vinculadas al terrorismo en el País Vasco. En concreto, se alude a la campaña sistemática contra la construcción de la línea de Alta Velocidad en el País Vasco, en la que ANV ha asumido los postulados de amenaza e intimidación sostenidos por ETA y la organización ilegal Batasuna.