Piden suspender actividades del PCTV y embargar sus cuentas

El fiscal jefe del Tribunal Supremo, Antonio Narváez, presentó hoy ante la denominada Sala del 61 de Tribunal Supremo una demanda instando la ilegalización del Partido Comunista de las Tierras Vascas (PCTV) que incluye la adopción de cuatro medidas cautelares dirigidas a evitar la presencia de esta formación en los comicios electorales del próximo 9 de marzo.

diarioDirecto 29/01/08

En concreto, la Fiscalía solicita al alto tribunal que mientras decide si ilegaliza o no PCTV, que actualmente cuenta con nueve diputados en el Parlamento Vasco, proceda a la suspensión de la actividad política del partido, al cierre provisional de su sede y demás inmuebles que esté utilizando y que le prohíba presentar candidaturas al 9-M. Pide además que se embarguen las cuentas bancarias de la formación.

En su demanda, la Fiscalía señala que considera "acreditada la interrelación existente entre el PCTV y Batasuna hasta el punto de que el primero ha venido sirviendo de instrumento tanto en el ámbito de la actividad política como, sobre todo, en el plano de la financiación, sirviendo de sostén económico no sólo a la propia organización ilegal sino a relevantes dirigentes de la misma".

Órdenes de ETA contra el AVE

El escrito, que recoge diversos indicios que probarían la relación habitual y el apoyo político que PCTV ha venido brindando a la ilegalizada Batasuna, cita como ejemplo la "estrategia a seguir en relación con la futura implantación del tren de alta velocidad, secundando y haciendo suyas, las consignas impartidas por la banda terrorista ETA para impedir que estas infraestructuras lleguen a seguir realidad, asumiendo al respecto la campaña dirigida a imponer, mediante la intimidación y la coacción, el rechazo a su construcción".

La demanda fue interpuesta a las nueve y media de esta mañana ante la Sala del 61 por el fiscal jefe del Tribunal Supremo, Antonio Narváez, si bien hora y media más tarde se visualizó esta iniciativa mediante la llegada a las puertas del alto tribunal del portavoz oficial de la Fiscalía y de un funcionario que portaba la demanda.

También fueron entregados en el Registro del Tribunal Supremo los siete tomos de documentos y otras siete cajas que contienen el informe policial entregado la semana pasada con los indicios que relacionan a PCTV con Batasuna. En los próximos días se prevé la presentación de una demanda similar contra ANV, que cuenta con 437 concejales en diferentes consistorios del País Vasco y Navarra.

Según explicó la semana pasada el fiscal general del estado, Cándido Conde-Pumpido, las demandas del Ministerio Público, que van por el trámite de la demanda ordinaria -en vez del más rápido solicitando la ejecución de la sentencia que ilegalizó Batasuna en 2003-, destacan como causa principal de ilegalización la prevista en el artículo 9.3 f) de la LPP.

Este artículo considera como causa suficiente de ilegalización el "colaborar habitualmente con entidades o grupos que actúan de forma sistemática de acuerdo con una organización terrorista o violenta, o que ampararan o apoyan al terrorismo o a los terroristas". En este sentido, se les acusará de colaborar de forma habitual con la ilegalizada Batasuna.

En lo que se refiere al PCTV, esta colaboración habitual vendría dada por el abono por parte de esta formación de las retribuciones de hasta 49 personas vinculadas a Batasuna, entre ellos algunos miembros destacados de la Mesa Nacional. A ello se añade la cesión del local de que dispone PCTV en Usúrbil (Guipúzcoa) para reuniones clandestinas de miembros de Batasuna.

"Al día siguiente" de la presentación de ambas demandas, según anunció la pasada semana Conde-Pumpido, la Fiscalía de la Audiencia Nacional solicitará la suspensión cautelar de las actividades tanto de PCTV como de ANV al juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón, que mantiene abierta una causa penal contra varios de sus miembros por presuntos delitos e integración en organización terrorista.

En caso de fallar las peticiones de suspensión ante Garzón y ante la Sala del 61, lo que parece poco probable a la luz de los indicios presentados, la Fiscalía tratará de evitar que ambos partidos concurran a las elecciones mediante la presentación de contenciosos electorales.