El Gobierno insta a llevar a cabo la ilegalización de ANV y PCTV

La vicepresidenta primera del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, confirmó hoy la autorización aprobada por el Consejo de Ministros a los Servicios Jurídicos del Estado para instar la ilegalización de ANV y PCTV ante la denominada Sala del 61 del Tribunal Supremo, por incumplir ambos la Ley de Partidos Políticos.

diarioDirecto 25/01/08

Después de la habitual rueda de prensa del Consejo de Ministros, De la Vega explicó que el Gobierno ha tomado esta decisión "una vez probada con fuerza" la vinculación de las citadas formaciones con la ilegalizada Batasuna. "Un acuerdo en tiempo y forma con las pruebas en la mano en el más estricto cumplimiento de las garantías y los procedimientos democráticos", subrayó la también ministra de la Presidencia.

"En favor de la democracia, el Gobierno debe vigilar que todos, absolutamente todos, cumplan la ley, así lo hacemos con este acuerdo --continuó--. No hay lugar en la democracia para los que pretenden servirse de ella, esta decisión pone de manifiesto claramente que en un Estado de derecho nada ni nadie puede estar por encima del imperio de la ley", añadió.

De esta forma, la portavoz del Ejecutivo aseguró que ni ANV y PCTV podrán presentarse a las elecciones generales del 9 de marzo. "Una vez acreditada esa vinculación (con Batasuna) hay mecanismos suficientes para impedirlo", aseguró, y detalló que el Consejo de Ministros ha habilitado a los Servicios Jurídicos del Estado y la Abogacía del Estado para proceder por tres vías diferentes.

En primer lugar, podrán ejercer las medidas necesarias para instar a su ilegalización a través de la Ley de Partidos o bien por la vía de ejecución de sentencia; en segundo lugar, podrán "impugnar y por tanto eliminar las candidaturas o agrupaciones de electores" vinculadas a ANV y PCTV que traten de presentarse a las elecciones del 9 de marzo; y en tercer lugar, los Servicios Jurídicos del Estado podrán pedir también la ilegalización --a través de la Ley de Partidos o por ejecución de sentencia-- en el caso de que las formaciones traten de "resucitar un partido durmiente" para concurrir a las elecciones.

Para ello, De la Vega dijo que "previsiblemente" la Abogacía del Estado, y probablemente también la Fiscalía, presentarán la demanda de ilegalización ante la Sala del 61 del Supremo la semana que viene.

En cuanto a la vía del proceso electoral, recordó que el plazo de presentación de candidaturas es desde el 30 de enero hasta el 12 de febrero, fecha en que se proclaman las candidaturas y desde ese día hasta el 21 de febrero, momento en que el Tribunal Constitucional debe haber resuelto todos los recursos, "el servicio jurídico actuará impugnando lo que considere oportuno".

"De ninguna manera va a quedar un hueco para que ni ANV ni PCTV puedan concurrir a las elecciones", prosiguió la vicepresidenta, insistiendo que para ello se recurrirá a los mecanismos de la ley electoral, a los de la ley de partidos "y en su caso si es necesario, medidas cautelares".

Partidos "resucitados"

Fuentes gubernamentales señalaron que los servicios jurídicos del Estado actuarán también en el caso de que se trate de utilizar a partidos desconocidos para presentar candidaturas vinculadas a ANV o PCTV, pero admitieron que el proceso puede ser más complicado si se presentan listas muy 'blancas' de personas a las que no se pueda vincular con estas formaciones o con Batasuna.

No obstante, la la vicepresidenta recordó que el proceso judicial de ilegalización o de suspensión de actividades de momento sólo ha comenzado y la decisión está en manos de los jueces. "Hay unos informes, hay unas pruebas, pero quien declara ilegal es un partido político, en democracia, es la justicia", señaló.

Por otro lado, De la Vega contestó a quienes acusan al Gobierno de haber "manejado los tiempos" para que la ilegalización de ANV y PCTV se produzca cerca de las elecciones asegurando que el Ejecutivo ha actuado "cuando ha habido pruebas contundentes". El Gobierno, dijo, es "garantista" y "no actúa nunca por razones de oportunidad, sino de legalidad".

"Hoy ha quedado acreditados que estos dos partidos políticos y Batasuna son una misma cosa, desde el punto de vista político y desde el punto de vista financiero", añadió.

En este sentido, señaló que en los últimos meses se constataron "indicios" de la relación de estas formaciones con Batasuna, pero que fue principalmente a partir de la operación contra la Mesa Nacional de Batasuna realizada en octubre cuando se empezaron a recabar las "pruebas contundentes", ya que con esa operación se pusieron de manifiesto las decisiones de los partidos de crear un sistema financiero único y también una forma de actuar desde el punto de vista político.

El PP usa el terrorismo

"Hubiera sido aventurado actuar sólo con indicios", dijo la vicepresidenta, añadiendo que "eso es muy fácil de entender siempre que no se intente usar de nuevo el terrorismo. "El principal problema que tenemos es que en esta legislatura el principal partido de la oposición se ha dedicado desde el primer día a partidaria el terrorismo, y seguimos ahí", afirmó.

"Pero jamás el Gobierno, ni la Fiscalía han actuado conforme al principio de oportunidad, por oportunismo, sino conforme al principio de legalidad", añadió.

"El Gobierno siempre ha venido exigiendo el cumplimiento de la ley y cuando la ley se incumple y hay datos de ello se actúa", aseguró De la Vega. "Es ahora cuando se dispone, no de los indicios, que se han venido teniendo de forma sucesiva y son los que normalmente abren el camino a las pruebas, sino a las pruebas mismas, pruebas contundentes que van a permitir conforme a la jurisprudencia del Tribunal Constitucional sin duda alguna que se procederá a la ilegalización", agregó.

Hasta ahora, afirmó, las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado han trabajado "con rigor" y "desde el primer día". Además, dejó claro que Policía y Guardia Civil han recabado pruebas contra ANV y PCTV en su calidad de Policía Judicial y a petición de un juez --Baltasar Garzón-- que inició una investigación secreta. "En democracia el Gobierno no tiene conocimiento de investigaciones secretas", afirmó, y sólo ha conocido el contenido de la investigación al levantarse el secreto del sumario y ha actuado "en el minuto siguiente".