El PP considera que la reapertura del caso Yak-42 responde a "una manipulación obscena" del Gobierno
La decisión de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional de ordenar al juez Fernando Grande-Marlaska la reapertura de la investigación sobre la contratación del Yak-42, que se estrelló en Turquía en mayo de 2003 con 62 militares españoles a bordo, no ha sentado nada bien en el PP, cuyo número uno por Alicante, Federico Trillo, podría verse salpicado. El vicepresidente segundo en la Comisión de Defensa del Congreso de los Diputados en la legislatura que ha terminado recientemente, Arsenio Fernández de Mesa, cree que todo responde a "una manipulación obscena" por parte del Gobierno.
diarioDirecto 22/01/08 El dirigente del PP recordó que
"dos jueces diferentes",
Teresa Palacios y
Grande-Marlaska, han dictaminado el archivo de la causa cuya reapertura ha dictaminado ahora la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, presidida por
Javier Gómez Bermúdez. A juicio de Fernández Mesa, el hecho de que la Fiscalía se haya adherido al recurso de las familias cuando
"no se había opuesto al archivo de los dos autos anteriores "obliga" al magistrado a reabrir un caso "que ya estaba archivado".
"El Gobierno está sometiendo a la Justicia española a una manipulación. Es realmente repugnante, máxime cuando estamos a 50 días de unas elecciones generales", proclamó el popular, que consideró la reapertura una evidencia de la
"manipulación obscena" del Ejecutivo del PSOE, que
"se sabe perdedor en las próximas elecciones".
"Está tratando de hacer lo mismo que en otras ocasiones: meter mano a cualquier dirigente popular con tal de desacreditarlo pero no lo van a conseguir porque en este caso lo que está claro es lo que ha dicho la Justicia en tres ocasiones sucesivas y por mucho que se empeñe no van a encontrar absolutamente nada", enfatizó.
Por su parte, el
ministro de Defensa,
José Antonio Alonso, manifestó su
"absoluto respeto" por la decisión de la
Sala de lo Penal. Tras señalar que espera que los tribunales
"obren en consecuencia y hagan su tarea como es lógico en un régimen de división de poderes como es la democracia española".
"En el cupo constitucional de competencias del Gobierno, dentro de nuestras competencias constitucionales nosotros hemos apoyado, seguimos apoyando y seguiremos apoyando absolutamente, dentro de nuestras competencias, a las familias de las víctimas de la tragedia", subrayó.