Garzón avisa a Batasuna que sigue siendo ilegal aunque acabe la suspensión de actividades

El juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón advirtió hoy a los 40 procesados en el sumario 35/02, que investiga la presunta relación de Batasuna con la banda terrorista ETA, que la formación 'abertzale' no podrá llevar a cabo ningún tipo de actuación en las próximas fechas.

diarioDirecto 15/01/08

Esto se produce a pesar de que a partir del próximo día 17 quedará extinguida la suspensión de actividades que el magistrado dictó en agosto de 2002, al cumplirse el plazo máximo de cinco años.

En un auto hecho público hoy, el titular de Juzgado Central de Instrucción número 5 da por finalizado el plazo legal de suspensión de actividades de Batasuna pero recuerda que los procesados en este sumario, entre los que se encuentran los dirigentes de la formación ilegalizada Arnaldo Otegi y Joseba Permach, no podrán realizar ninguna actividad en virtud de la sentencia de ilegalización dictada por el Tribunal Supremo en marzo de 2003.

El magistrado, que tiene previsto culminar este sumario a principios de febrero, advierte a los procesados que el incumplimiento de esta disposición "podría dar lugar a responsabilidad penal" y mantiene las medidas cautelares adoptadas en la causa en lo relativo a "personas, bienes y entidades", entre las que cita las de "índole económico-financiero y bancario, los embargos, la administración judicial y la prohibición de disponer".

De la misma manera, acuerda alzar parcialmente el secreto parcial de la presente causa y remite testimonio de esta actuación a la Sala Especial de artículo 61 de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ) del Tribunal Supremo, que dictó la sentencia de ilegalización.

La Sentencia del TS, "dato esencial"

Garzón recuerda en su auto que, tal y como le trasladó la Fiscalía, el artículo 129 del Código Penal establece que la suspensión judicial de actividades de una organización no puede prorrogarse más allá de cinco años, pero añade que se debe tener en cuenta el "dato esencial" de que la sentencia del Supremo acordó la ilegalidad de Herri Batasuna (HB), Euskal Herritarrok (EH) y Batasuna.

Según subraya, las consecuencias de la sentencia son "de aplicación general" y, por ende, "vinculan a todas las instituciones y, particularmente, a la autoridad judicial". Asimismo, recuerda que en la actualidad se están investigando las conductas de los dirigentes de Batasuna como "parte de conglomerado o complejo terrorista liderado por ETA", aspecto que también abordaba la sentencia dictada el pasado mes de diciembre por la Audiencia Nacional contra el complejo EKIN, KAS y XAKI.

De la resolución del Supremo se deriva, de esta forma, "la imposibilidad de realizar cualquier actividad de índole orgánica, institucional, política, social, mediática y cualesquiera otras que, en forma directa o indirecta, como organización o a través de sus responsables, procesados o no en éste u otros procedimientos, pudiere pretender realizar iniciativas que no pierden el carácter de ilicitud".