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La Fiscalía recibe un informe de la Guardia Civil que vincula a PCTV, ANV y Batasuna


Más de trescientos folios que constatan la vinculación económica entre ANV, el PCTV y la ilegalizada Batasuna. Esto es lo que la Guardia Civil ha enviado a la Fiscalía y al juez Garzón en un informe que acerca un poco más la ilegalización de ANV y del PCTV y que se conoce el mismo día en el que el PP volvió a quedarse solo en el Congreso pidiendo estas ilegalizaciones.


diarioDirecto 11/01/08

Fiscalía General del Estado
La Diputación Permanente de la Cámara Baja rechazó, con los votos en contra de todos los grupos menos los del PP, la petición de los populares para celebrar un Pleno Extraordinario antes de la disolución de las Cortes en el que la Cámara Baja inste al Gobierno a ilegalizar ANV y PCTV por vulnerar la Ley de Partidos.

La Guardia Civil remitió a la Fiscalía, concretamente al despacho del fiscal jefe de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo, Antonio Narváez, y al titular del Juzgado de Instrucción número 5, Baltasar Garzón, con indicios de la relación existente entre ANV, PCTV y la formación ilegalizada, especialmente en lo que se refiere a los vínculos financieros. El fiscal Narváez, el encargado de presentar la eventual demanda de ilegalización contra ambos partidos ante la denominada Sala del 61 del Tribunal Supremo, estudiará el informe y en los próximos días tomará una decisión.

Lo más probable es que la Fiscalía tome a lo largo de la próxima semana una decisión definitiva sobre la interposición de una demanda de ilegalización contra ANV y PCTV que articulará por separado. Aunque también es probable que finalmente no se opte por instar una demanda de ilegalización, sino por la vía de un incidente de ejecución de la sentencia de marzo de 2003 que declaró ilegal a Batasuna, al considerar que ANV no sería más que una continuación de la primera. Un mecanismo que da más margen de acción ya que cuenta con la ventaja de requerir una tramitación más rápida.

En cuanto a Garzón, la Benemérita le ha remitido datos contenidos en ese informe. Se trataría de un listado de cuentas bancarias cuyos titulares son personas de la izquierda abertzale y que que demostrarían la financiación de ANV y PCTV desde dicho entorno. Unos datos que podrían ser tenidos en cuenta dentro del sumario en el que investiga la supuesta sumisión de la formación ilegalizada a ETA a través de la gestión de herriko-tabernas. De hecho, este procedimiento cuenta con una pieza separada, sobre la que pesa el secreto sumarial, en la que Garzón trata de aclarar si existe vinculación entre ANV y Batasuna.

De la Vega: No hay novedad

Pero pese a que todos los indicios apuntan a que la ilegalización de ANV y del PCTV está al caer desde el Gobierno aseguran que no hay ninguna novedad y que "siguen trabajando". En la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, la vicepresidenta primera del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, afirmó que "no hay ninguna novedad en esta cuestión".

"Saben que el Gobierno está haciendo un seguimiento muy atento de esta situación, desde el punto de vista del rigor y la profesionalidad, y desde el punto de vista de quién es competente para hacer la investigación correspondiente", se limitó a responder De la Vega al ser preguntada por el informe de la Guardia Civil y por las acusaciones del PP que asegura que el Gobierno está manejando los tiempos para sacar el máximo rédito electoral a las ilegalizaciones de ANV y del PCTV.

Una acusación que lanzó en el marco de la Comisión Permanente del Congreso el portavoz del Grupo Popular, Eduardo Zaplana, que fue el encargado de defender la propuesta del PP de celebrar un Pleno Extraordinario con el objetivo de que la Cámara Baja inste al Gobierno a iniciar las ilegalizaciones. La propuesta, como en ocasiones anteriores, volvió a contar con los votos en contra del resto de Grupos.

Ilegalizaciones "como arma electoral"

En su intervención, Zaplana acusó al Gobierno de ser él el que usa el terrorismo como "arma electoral" y proclamó que "nadie discute" que "el PCTV y ANV no son otra cosa que el complemento político de la actividad terrorista de ETA". Por ello, anunciar dentro de unos días que se han encontrado las pruebas sería "tan burdo" que a los socialistas "se les volvería en contra". A su juicio, esto "sería reírse de todos", tanto de las instituciones como de la sociedad española, porque "ha habido pruebas desde siempre".

A las acusaciones de Zaplana respondió el portavoz socialista, Diego López Garrido, que señaló que en asuntos en los que "están en juego principios jurídico-constitucionales claves como el derecho de asociación política" hay que actuar con máxima prudencia y escrupuloso respeto a la ley, en contra de lo que hace el PP que hace gala de un "absoluto desprecio" del Estado de Derecho. "Ustedes pasan y abusan del Estado de Derecho y los demócratas no pueden obviar el debido procedimiento legal porque es lo que nos diferencia de los terroristas y lo que nos fortalece y nos une frente a ETA", espetó López Garrido.
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