Antonio Sanz, uno de los detenidos en la operación 'Guateque', en libertad bajo fianza de 100.000 euros

El juez Santiago Torres, que investiga la supuesta red de cobro de sobornos a cambio de la concesión de licencias, dejó hoy en libertad al empresario Antonio Sanz Escribano tras imponerle una fianza de 100.000 euros para eludir la prisión por su presunta implicación en la trama de corrupción descubierta en el Ayuntamiento de Madrid, confirmaron hoy fuentes jurídicas.

diarioDirecto 04/01/08

Sanz Escribano, administrador único de la empresa AB Escribano Ingenieros Consultores, fue detenido en la primera fase de la operación 'Guateque', que arrancó el pasado 14 de noviembre. Unos días más tarde, también se encarceló al empresario Santiago Castillo Morales, apoderado de la sociedad AC93 dedicada a la gestión de licencias.

Hace unos días, el magistrado también dejó libre a Carmen Eulalia Ibáñez, asesora técnica de Evaluación Ambiental de la Concejalía de Medio Ambiente, a quien impuso una fianza de 20.000 euros para poder abandonar la cárcel de Soto del Real.

Estas mismas fuentes indicaron que en los próximos días saldrán en libertad alguno de los ocho detenidos que permanecen en prisión. Entre los encarcelados, figuran Victoriano Ceballos, el jefe de la División de Impacto y Análisis Ambiental del Consistorio, y Joaquín Fernández de Castro, jefe del Departamento de Evaluación Ambiental.

Las últimas detenciones se llevaron a cabo el pasado 27 de diciembre, cuando agentes de la Benemérita registraron seis sedes municipales y arrestaron a otros cinco funcionarios por los presuntos delitos de cohecho, tráfico de influencias y prevaricación administrativa.

Estos son Manuel Sánchez Romanillos (de la Junta municipal de Salamanca), Domingo Sánchez Bote (de Chamartín), Miguel Ángel García Jodar (técnico del Área de Medio Ambiente), Alfonso Clemente García (que trabajaba en la Junta de Carabanchel) y Fernando Ruiz Torrejón ( de Urbanismo).

Secreto Sumarial

Asimismo, el juez levantó hoy parcialmente el secreto del sumario que pesaba sobre las actuaciones del procedimiento. Esta decisión fue trasladada esta mañana a los abogados defensores de los nueve imputados, funcionarios del Consistorio y varios empresarios, que cumplen prisión preventiva por delitos de cohecho, prevaricación y tráfico de influencias.

El instructor, que investiga el caso a raíz de la denuncia de un particular, ha levantado el secreto del sumario recogido en un total de ocho tomos de la causa (4.170 páginas), de los diez que engloba la totalidad del procedimiento. Por el momento, los letrados aún no han podido hacerse con el sumario, al existir "un problema material" ante el gran volumen de páginas.