Cerca de 130.000 mujeres españolas tienen que ser protegidas de sus ex parejas

Un total de 128.759 mujeres tienen actualmente en vigor algún tipo de medida de protección, según indicó hoy la ministra de Igualdad, Bibiana Aído, durante su comparecencia en la Comisión de Igualdad, donde presentó el informe de los tres años de aplicación de la Ley de Violencia de Género.

Aído destacó, asimismo, que en este tiempo 143.672 mujeres han pedido órdenes de protección, de las que se han concedido el 78,5 por ciento. Además, la ministra subrayó que, desde la puesta en marcha de la Ley, el número de mujeres asesinadas ha descendido.

"Si se tiene en cuenta al incremento de la población, se ha pasado de una tasa de un 3,8 por ciento de mujeres muertas por cada millón de mujeres antes de ley a una media del 3,4 por ciento tras la aplicación de la norma", señaló.

Según los datos facilitados, un total de 31 mujeres han muerto en lo que va de año a manos de sus parejas o ex parejas sentimentales, y otros seis casos se encuentran en investigación, mientras que a estas alturas del año pasado habían fallecido 46 mujeres.

El Gobierno no está satisfecho

En este sentido, la ministra indicó que "es un hecho objetivo e incuestionable que se han producido avances en la lucha contra la violencia machista" desde la entrada en vigor de la ley, pero el Gobierno "no puede estar satisfecho mientras hay una sola mujer muerta".

"Sabíamos que la mera formulación de una ley no acabaría por sí sola con la violencia. Es imposible que en tan poco tiempo se erradique un problema social tan complejo y profundo", afirmó Aído, quien añadió que esta norma "es el motor para seguir avanzando".

De este modo, defendió que el Gobierno ha realizado "un despliegue institucional sin precedentes" para erradicar esta lacra, que, a su juicio, ha conseguido eliminar la sensación de impunidad con la que vivían los maltratadores, terminar con la dispersión judicial y que más mujeres salgan de la espiral de violencia.

"Que se critique esta ley como a otras"

Ante las críticas sobre la efectividad de la norma, la ministra reaccionó pidiendo "el mismo trato para esta ley que para el resto de leyes, pongamos como caso el Código Penal, del que nadie cuestiona su eficacia aunque se sigan cometiendo delitos".

En cualquier caso, dijo que esta normativa "está continuamente abierta a su perfeccionamiento y evaluación"; y pidió "consenso" a los grupos políticos e "implicación" a toda la sociedad para acabar con este tipo de violencia.

Por otra lado, la titular de Igualdad informó de que el 016, teléfono de atención a las mujeres maltratadas, ha recibido 47.990 llamadas desde que se puso en funcionamiento (el pasado mes de septiembre), lo que supone una media de 176 consultas diarias.

El PP denuncia el aumento de muertes

Por su parte, la portavoz del PP, Sandra Moneo, criticó la "autocomplacencia" de la ministra en esta materia y añadió que la Ley "no funciona" porque "no ha cumplido su principal objetivo: que era que el número de mujeres muertas descendiera".

La diputada 'popular' aseguró que el "impacto de la norma ha sido escaso" y criticó que "una de cada tres mujeres que murieron el año pasado había denunciado", así como que "la partida presupuestaria destinada por el Gobierno para luchar contra esta lacra es cada vez menor". "La Ley tiene lagunas y ustedes no las están resolviendo. No se instalen en el conformismo y detecten en qué falla", aseveró.

A su vez, la portavoz de CiU, Mercè Pigem, aseguró que la Ley "es un buen instrumento en el que hay que ir profundizando" pero consideró que el informe de la ministra es "poco exhaustivo y algo complaciente". Además, pidió al Ejecutivo que "analice qué eslabón falla" cuando muere una mujer que tenía en vigor una orden de protección.

Mientras, el diputado del PNV Joseba Agirretxe solicitó al Gobierno socialista que ponga en marcha "mecanismos útiles que resuelvan este problema" y que estudie "qué ocurre con la violencia diaria que no se denuncia".

Por parte de ERC, Joan Tardà dijo que el informe es "un poco triunfalista" y omite los "puntos negros de la Ley", y reclamó que se imparte en los colegios una asignatura sobre violencia machista, mientras que Olaia Fernández (BNG) subrayó que la norma "no está debidamente desarrollada".