La Policía francesa cifra en 900.000 € los ingresos anuales de ETA, casi en su totalidad del 'impuesto'

El oficial de la Subdirección Antiterrorista (SDAT) de la Policía Judicial francesa, Stéphane Durey, cifró hoy en unos 900.000 euros los ingresos anuales de la organización terrorista ETA, procedentes en un 90 o 95 por ciento de la extorsión a empresarios y profesionales liberales, lo que la banda denomina recaudación del 'impuesto revolucionario'.

diarioDirecto 19/02/08

Durey basó estas cifras en el análisis de la documentación contable hallada en Salis-de-Béarn, la localidad del sur de Francia donde fue detenida en octubre de 2004 Soledad Iparaguirre 'Amboto', responsable de la tesorería de ETA, la estructura encargada de la gestión de fondos, de enviar las cartas a los objetivos del impuesto revolucionario y de recoger el dinero. El agente galo compareció hoy como testigo en el juicio abierto en París contra la red de extorsión de ETA.

El agente explicó, igualmente, que entre 2003 y 2004 las autoridades españolas adviertieron de una intensificación de las campañas de extorsión de ETA, un hecho corroborado por las notas internas de la banda en las que se habla de la necesidad de multiplicar los comandos de extorsión ('Gezi').

Esta hipótesis fue igualmente avalada por las 144 cartas solicitando el impuesto revolucionario halladas en un coche en el que viajaban miembros de ETA en la región francesa de Las Landas en 2003. El policía francés especificó que el decomiso de estas cartas permitió dividirlas en tres categorías. Una primera misiva en la que la banda solicita una "ayuda" y cuya cantidad suele oscilar entre los 15.000 y los 200.000 euros.

Una segunda carta "de recuerdo" en la que se da un mes de plazo para pagar si no quiere convertirse en objetivo potencial de ETA, y una última de "amenaza", en la que se considera a la víctima como "objetivo" al haberse negado a pagar el importe solicitado. Además, mencionó dos casos de extorsión en territorio francés, un empresario de San Juan de Luz y un futbolista profesional galo.

2,5 millones en 2004

La banda terrorista ETA contaba en el año 2004 con un presupuesto global de 2,5 millones de euros para financiar las actividades terroristas y el mantenimiento de toda su estructura, según desveló hoy el también oficial de la Subdirección Antiterrorista francesa (SDAT) Jérôme Broglio.

El Tribunal especial de lo Criminal de París inició ayer el proceso contra Ane Miren Alberdi Zubirrementeria, Cristina Goirizelaia González y Carlos Sáez de Egilaz, acusados de pertenecer al aparato de extorsión de la banda terrorista. Los tres fueron detenidos en la localidad francesa de Dax el 10 de enero de 2003, momento en el que integraban el aparato político de ETA a las órdenes de Mikel Albizu, 'Antza', arrestado en Francia en octubre de 2004.

El experto antiterrorista francés ofreció ante el Tribunal toda una serie de elementos hallados en el curso de la instrucción que siguió a las detenciones que confirman, por un lado, la existencia de las actividades de extorsión de la banda y, por otro, la vinculación de los acusados con la misma.

Entre otras cosas mencionó parte de la documentación incautada a Ibon Fernández Iradi, 'Susper', cuando fue detenido en 2003, y que iba dirigida a un miembro del aparato militar de ETA responsable de recopilar potenciales objetivos en España.

Broglio aseguró que miles de empresarios vascos eran amenazados por ETA, que intentaba en esa época multiplicar sus medios financieros, y que el aparato de información de la banda obtenía información detallada sobre el patrimonio de los empresarios para determinar los virtuales objetivos del impuesto revolucionario y la cantidad exigible a cada uno.

Hasta 80 clandestinos

Por otra parte, Durey informó también de que el número de activistas de ETA en situación de clandestinidad en Francia en octubre de 2004 oscilaba entre 70 y 80 personas. Para ello hay que tener en cuenta que en los años 2003 y 2004 se produjeron una media de 50 detenciones en suelo francés.

Quizás por ello, el experto antiterrorista francés consideró que los miembros de ETA tenían menos riesgos para cobrar el impuesto revolucionario en España que en Francia, dado que corrían más peligro los clandestinos en territorio galo que los 'legales' en España.