Contra los abusos
Carmen Tomás06/02/07 La defensa de los derechos de los consumidores parece que no es objetivo del Gobierno, tampoco por supuesto del Ministerio de Sanidad y Consumo. En estos ya casi tres años hemos visto cómo se nos ha endiñado una ley anti tabaco absolutamente talibán, se han prohibido ciertos tipos de hamburguesa, hasta el vino se ha puesto en entredicho. Pero, ¿qué pasa con nuestros derechos como consumidores? El ministerio de la señora
Salgado se ha olvidado por completo de que tiene a su cargo el consumo y por tanto los consumidores. No hizo nada en nuestra defensa aprobando una ley, un reglamento, una norma que regulara la inversión en activos tangibles y ahí siguen peleando los inversores en sellos; no ha hecho nada, es más, participó en la aprobación de una OPA, la de Gas Natural sobre Endesa, que claramente iba en contra de los consumidores que en algunas comunidades autónomas, como dijo el tribunal de Defensa de la Competencia, dejaba un sólo operador; ni estuvo ni se le espera ya en la crisis de Air Madrid, donde miles de personas han sido pisoteadas, engañadas y encantados de que tengan que pagar 200 euros más si quieren viajar, cuando tenían en su poder el billete, un contrato en toda regla.
¿Dice ahora algo de los abusos cometidos por las compañías de telefonía móvil, que para evitar las pérdidas por el redondeo han decidido subir el establecimiento de llamada? No. Parece evidente que no está en su agenda ministerial nada que no tenga que ver con prohibir aquí y acullá. No con defender derechos. Menos mal que los ciudadanos, de momento unos pocos, han decidido medio organizarse y aunque su protesta de móviles caídos tenga una repercusión aún pequeña, la rebelión ciudadana irá en aumento y dejará al descubierto la indefensión de los ciudadanos ante los abusos -quizás concertaciones- de las grandes empresas y el silencio administrativo.
Mientras, Sanidad y Consumo a lo suyo: que todos llevemos la vida 'sana' que quiere la ministra para si, inmiscuyéndose en nuestra vida más privada. No habrá más salvación que la de organizarse en torno a las asociaciones de consumidores o no, pero protestar para que al menos otros organismos pongan atención y estudien hasta qué punto estas 'casualidades' en las tarifas tengan su publicidad y si acaso su castigo y quede aún más en evidencia la falta de interés de la autoridad competente en la materia.
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