La verdad es que uno no acaba de entender como los distintos gobiernos autonómicos del Partido Popular gastan centenares de euros en publicidad institucional.
En la Comunidad Autónoma de Madrid (CAM) su presidenta Esperanza Aguirre, esa señora que critica todo lo que hace el Gobierno de Zapatero, se ha gastado en este último año 137 millones de euros, más de veintidós mil millones de las antiguas pesetas, en publicidad institucional. Para ser más exacto se los ha gastado en informar a los madrileños sobre lo que se ha hecho, que en muchos casos ni se ha llegado a empezar, y en lo que se va a hacer que en demasiadas ocasiones ni se tiene pensamiento de hacerlo.
En la Comunidad Valenciana (CV), el presidente Francesc Camps, nos ha salido tan manirroto como Zaplana. En estos dos últimos años se ha gastado en el mismo “menester” más de 60 millones de euros, es decir más de diez mil millones de las antiguas pesetas. En el caso de Camps, resulta una verdadera aberración que se gaste más de 60 millones de euros, cuando en la CV hay casi treinta mil alumnos estudiando en barracones, en casetas de las que se utilizan en las obras. Hasta tal punto es catastrófica la gestión de Camps, que para que usted se haga una ligera idea de cómo están las arcas de la Generalitat Valenciana, en Elche piensa construir el Gobierno de Camps, el proyecto viene dando vueltas nada más y nada menos que diez años, una Ciudad de la Justicia ante la caótica situación por la falta de espacio en los juzgados de la ciudad ilicitana. Para ello han convocado un concurso con el fin de adjudicar la construcción del edificio en cuestión a una empresa que se haga cargo de las obras, de su costo, para luego alquilárselo a la Generalitat Valenciana. Es de esperar que si llega a materializarse esta iniciativa se pague el alquiler cuando corresponda porque sería muy gordo ver como la Justicia decreta su propio desahucio por impago del alquiler. Es más, y este caso se da también en Elche, desde hace casi una década los ilicitanos vienen reivindicando un segundo hospital ya que el existente no cubre las necesidades de Eche y dos pueblos más de la comarca y la construcción de este segundo centro sanitario, su costo, correrá a cargo de una empresa aseguradora y de dos cajas de ahorro, que lo explotarán en régimen de concesión administrativa.
Todo esto nos muestra la necesidad de promulgar una ley que regule hasta donde se puede llegar con el gasto en publicidad institucional, para el lucimiento, esto ya sobrepasa los límites de lo tolerable, máxime cuando hay muchas carencias que cubrir y no se hace.
No hace falta que un gobierno nos diga a los ciudadanos lo que va a hacer y lo que ha hecho, porque la obligación de un Gobierno no es llenarnos los ojos y los oídos con sus quiméricos proyectos, sino ofrecer realidades que contribuyan a mejorar la calidad de vida de los ciudadanos. Pero no son solamente Esperanza Aguirre, en Madrid y Francesc Camps, en Valencia, esto es una constante en el Partido Popular, basta con recordar la “burrada” de millones que se gastó Zaplana cuando era ministro de Trabajo en anunciar una subida de las pensiones que correspondía por ley y que por tanto era obvio el anunciarla. Son unos verdaderos manirrotos estos del PP.
