El uno de diciembre de 2000, y siendo Ángel Acebes, ministro de Justicia, el Gobierno presidido por Aznar, anunciaba que: “atendiendo a las peticiones del Papa, al 22º aniversario de la Constitución y a la proximidad del fin del milenio, había decidido conceder un indulto a 1.443 penados”. Entre estos 1.443 condenados por la justicia se encontraba el famoso ex juez prevaricador Javier Gómezde Liaño, a quien la medida permitía, según el ministro de Justicia, Ángel Acebes, reingresar en la carrera judicial. Gómez de Liaño fue expulsado de la judicatura por sentencia de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo (TS) de 15 de octubre de 1999 y el mismo tribunal se pronunció en contra del indulto apenas seis meses antes, exactamente el 14 de junio de 1999 con un informe negativo al indulto del ex juez. En dicho informe el TS justificaba su decisión porque su expulsión de la carrera judicial “ya ha sido cumplida” de forma irrevocable y además “carece de la templanza y el equilibrio necesarios para el desempeño de una función tan delicada como la judicial”, por lo que nadie puede garantizar que en otros procesos el ex juez no intentase “imponer su voluntad, incluso contra la de la Ley”. El indulto suponía el reingreso del magistrado a la carrera judicial, aunque no podría volver a la Audiencia Nacional en un plazo de 25 años. Así, medio de tapadillo, e incluido en un montón de indultados, el Gobierno indultó a un juez que, no quiero decir que actuó al dictado del Ejecutivo de Aznar, pero que si prevaricó, excediéndose en sus competencias y quitando la libertad a unos ciudadanos que no habían cometido ningún delito y desoyendo a sus compañeros cuanto estos le habían advertido de que se estaba extralimitando.
Como todos recordamos Gómez de Liaño, fue inhabilitado por 15 años por el Tribunal Supremo tras ser considerado culpable de prevaricar en el caso Sogecale. Se retiró los pasaportes a dos ciudadanos españoles, y les hizo depositar una fianza de 200 millones de pesetas a cada uno. Me estoy refiriendo a los señores Polanco y Cebrián, cuyo único delito fue el de ser altos directivos de unos medios de comunicación cuya honestidad está fuera de toda duda, pero que el Gobierno de Aznar consideraba que atacaba y perjudicaba a los intereses de la derecha.
Cualquier español percibía en aquellos días que allí había algo más que la simple cabezonería o incompetencia profesional de un juez. Posteriormente la prisa por parte del Gobierno de Aznar por concederle el indulto y reintegrarlo a la judicatura en contra de las recomendaciones del TS, nos confirmó a todos los que ya teníamos claro lo que estaba pasando, que no andábamos equivocados. El PP se pasó por el arco de triunfo la sentencia y las recomendaciones de todo un Tribunal Supremo. Y no quiero hablar de la actitud favorable al PP por parte de otro juez por que este ya ha fallecido. ¿Como se atreven en el PP a exigir a los demás que respeten a los jueces?
