El lehendakari Juan José Ibarretxe es el máximo representante del Estado Español en el País Vasco y sus actos tienen que estar sujetos a la ley no solo por imperativo jurídico sino como acción ejemplarizadora. La reunión sostenida con Otegi es una equivocación manifiesta desde el punto de vista jurídico y, también, desde el punto de vista político.
No puede entenderse que quien está sujeto a un proceso judicial pendiente de resolución repita los mismos hechos que provocaron aquél, salvo que se trate de una actitud de reto ante la Justicia. Si la reunión con Arnaldo Otegi tuvo por objeto, entre otras cosas, tratar de convencerle de que acate la legalidad -cosa que manifiestamente no hace el líder abertzale- mal ejemplo el de quien aconseja cumplir la ley retándola él mismo. Si quien protagoniza estas acciones es el presidente del Gobierno Vasco lo que le está diciendo a Otegi es que no importa que no quiera legalizar a Batasuna ni que siga dependiendo de ETA porque las puertas de Ajuria Enea seguirán abiertas para él.
Desde el punto de vista político, la insistencia en el diálogo con Batasuna no es más que el reforzamiento de una postura contraria al diálogo que exhibe la pretensión de querer realizarlo con un cinismo que ya es insoportable. España está llena de bienintencionados que predican el dialogo como remedio de todas las confrontaciones posibles en una actitud que ni siquiera es propia de Ghandi, porque estos, a diferencia de aquel, no están dispuestos a ponerse frente a ETA para recibir los golpes.
Hay un silogismo elemental al que no se le quiere ver el resultado. ETA ya no tiene credibilidad. Batasuna es ETA. Luego dialogar con Batasuna es reforzar la condición de interlocutor de quien no tiene ninguno de los requisitos para serlo.
