Cuarenta años matando, usando la violencia y la intimidación como únicos argumentos políticos, han convertido a ETA, según se desprende de su último atentado y su delirante reivindicación, en una organización absolutamente incapaz de razonar y de discernir incluso lo que le conviene. Es posible, pues, que el gobierno no contara con esa severa degradación intelectual de la banda al iniciar sus contactos con ella para negociar el fin definitivo de su actividad terrorista, acaso porque sus primeros interlocutores pertenecieran al sector más instruido y más decidido a atreverse con el reto de la negociación y del diálogo. Sea como fuere, el presidente del gobierno siempre quiso transmitir optimismo a una ciudadanía hasta entonces casi resignada al azote del terror como ante algo irresoluble y fatal, pero si no contó con la antedicha incapacidad para la ideación de ETA, tampoco contó con la adhesión y el apoyo de la derecha, más deslumbrada por el supuesto filón electoral que podría representar el desgaste del gobierno a lo largo del proceso que por el objetivo que debió compartir con todos los españoles, el del fin definitivo de la violencia etarra.
Ahora bien; si deprimente ha sido la actitud del Partido Popular mientras el proceso se mantuvo tímidamente en marcha, pero en marcha, más lo es su reacción al último y sangriento atentado, culpando de él al presidente más que a los verdaderos y únicos autores de esa cobarde ruptura de la tregua. Escuchando a los actuales dirigentes de ese partido, oyendo sus insinuaciones mendaces de connivencia del gobierno con la organización terrorista, no sabe uno qué le pasma más, si su irresponsabilidad o su arrogancia, una arrogancia sólo posible por el respaldo del poder económico (y no sólo económico) al que representan.
