En un Estado moderno como el nuestro, el Gobierno ha caído en una confusión interesada. No es lo mismo un Estado laico que uno aconfesional. Y el nuestro es aconfesional; jurídicamente los poderes públicos están obligados a tener presentes las creencias religiosas de la sociedad española. La Constitución no se anda con rodeos y esos mismos poderes públicos están obligados a cooperar con las diferentes confesiones. La libertad religiosa, ideológica y de culto está garantizada, tanto para los individuos como para las comunidades. Actualmente no cuadra el manifiesto laicista, por poner un ejemplo, con la legislación actual. Es más, es un atropello vulgar querer defender a la vez multiculturalismo y laicismo; sencillamente estamos ante una contradicción de gran calibre.
Ni nuestra escuela es laica, ni lo es su enseñanza. Y si lo fuera, ahora mismo existiría un conflicto constitucional, porque nos echaríamos por montera el artículo dieciséis de nuestra Carta Magna. La religión es de oferta obligatoria para los centros y tiene un carácter voluntario para el alumnado. Lo dice la ley orgánica de educación (LOE), lo decía la ley orgánica de calidad de la educación (LOCE) y ésta lo copió a su vez de la ley de ordenación general del sistema educativo (LOGSE).
Una cosa es la corriente laicista y otra bien distinta es lo aconfesional. La escuela o enseñanza laica es la que prescinde de la instrucción religiosa. Y ese no es el caso de la escuela española. La vigente LOE, en una de sus adicionales, incide en que la enseñanza de la religión católica debe atenerse a cuanto se establece en el Acuerdo sobre Enseñanza y Asuntos Culturales suscrito entre la Santa Sede y el Estado español. Es por ello por lo que la enseñanza de la religión se incluye como materia en determinados niveles.
Pero esa aconfesionalidad hace que también exista respeto y atención hacia otras confesiones. Tal atención ha de ajustarse a cuanto se reseñe en los Acuerdos de Cooperación celebrados por el Estado español con la Federación de Entidades Religiosas Evangélicas de España, la Federación de Comunidades Israelitas de España, la Comisión Islámica de España y a cuantos acuerdos se suscriban en el futuro.
Cada vez somos más ciudadanos los que no nos sentimos ofendidos por los símbolos y los signos religiosos de los demás. Lo vivimos con normalidad, tranquilidad y sin sobresaltos. La convivencia enseña que la bandera ciudadana debe ser el respeto al otro, a su credo, cultura y tradiciones. Justo lo que no se ha hecho en Valladolid respecto a la pretensión de retirar los símbolos religiosos en algunos centros educativos; ni en un colegio de Zaragoza al impedir celebrar la Navidad al alumnado para no ofender a quienes profesan otro credo; ni la actitud talibán, humillante y recubierta de odio de la directora de un instituto de Mijas.
Al margen de contadas ovejas negras que tanto daño hacen al sistema educativo, son más los que procuran la convivencia y la educación de las generaciones jóvenes; resaltando el respeto por encima de vulgaridades y atropellos de quienes pretenden desestabilizar el sistema educativo con la agresión, el odio y la sinrazón.
