Marbella: síntoma de un problema

Lorenzo Bernaldo de Quirós


27/04/06

La crisis marbellí es la mayor expresión simbólica de la existencia de un marco institucional, el de la legislación urbanística, que es un foco de corrupción estructural en España. Sin duda, la "panda del tío gilito" hubiese intentado crear un aparato cleptocrático en Marbella y en la Costa del Sol sin necesidad de ningún estímulo. Es probable que, como las viejas y las nuevas mafias, hubiese logrado construir un entramado de intereses corruptos y de compra de voluntades para maximizar los beneficios y reducir los costes de su actividad delictiva. Ahora bien, esa tarea depredadora y corruptora de la Familia no hubiese sido tan fácil sin la existencia de una regulación del suelo como la existente en España. Esta proporciona el caldo de cultivo ideal para que políticos sin escrúpulos conviertan la especulación en un instrumento para financiar sus proyectos y, también, para enriquecerse. Desde esta óptica, el escándalo de Marbella es la punta del iceberg de un modelo ideal para el florecimiento de la corrupción.

Cuando un alcalde, un edil o un ayuntamiento tienen la posibilidad de decidir dónde y cómo se construye, e influir sobre quien puede construir, la posibilidad de realizar acuerdos podridos crece de manera exponencial. Por un lado, los empresarios se ven forzados a entrar en el juego para no quedarse fuera del mercado o recurren a prácticas ilícitas para derrotar a sus competidores; por otro, los políticos pueden sentir la tentación de ofrecer favores urbanísticos para ganar un dinero rápido y opaco. En este escenario, las fuerzas de la oferta y de la demanda son agentes activos para que la corrupción se convierta en una práctica habitual y sistemática. Es la mano invisible de Adam Smith jugando al revés: los intereses privados se sirven a si mismos en contra del interés general. Esta es una lógica que se ha extendido de manera brutal por buena parte del territorio nacional.

Ante este panorama, los tribunales han de funcionar con eficiencia, los corruptos tienen que ir a prisión, etc. Pero el problema no se resolverá mientras no se limite de manera radical la enorme discrecionalidad que la Ley del Suelo concede a los gobiernos locales y autonómicos en materia urbanística. Para ello es fundamental liberalizar la legislación urbanística, someterla a normas claras y transparentes para impedir que gentes sin escrúpulos las utilicen como un medio de enriquecimiento personal. La intervención estatal en los mercados es siempre y, en todas partes, una fuente de corrupción. La cuestión de fondo no es por tanto la maldad o la sirvengonzonería de políticos, constructores, conseguidores y un sin fin más de delincuentes en potencia, sino un marco institucional que estimula ese tipo de comportamientos y los hace posibles. La saga marbellí de El Padrino es el ejemplo más escandaloso de los vicios del sistema.

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