Papeleta para Marlaska

José Cavero

10/04/2006

No hay duda de que sobre los jueces, sean o no jueces estrella, pesan muy a menudo tensiones y presiones muy severas, acaso insoportables. El juez Garzón pudiera relatarlo con detalle, pero también otros personajes que dejaron de ser jueces, como Gómez de Liaño. Presiones políticas y mediáticas, que quizás sean las mismas.

Ahora mismo, dos jueces de la Audiencia Nacional se reparten ese tipo de influencias probablemente indeseables, pero reales: El juez Del Olmo viene comprobando que una parte de la opinión disiente de sus conclusiones en el sumario del 11-M, y que confía en "convencerle" sobre participaciones que él no ha podido comprobar. ¿ETA tuvo alguna participación en los preparativos y ejecución del atentado de los trenes de cercanías? Así se le viene sugiriendo, al juez y a los investigadores policiales participantes, pero nadie termina de ver esa relación. Finalmente, del Olmo parece que resistirá esas sugerencias externas y terminará de hacer su trabajo del mejor modo que sepa y pueda, aunque en la seguridad de que siempre tendrá a algún discrepante.

El juez Marlaska, sucesor de Garzón en los asuntos de ETA y Batasuna, tiene entre sus manos el peliagudo asunto del personaje Otegi en unos momentos de eventual cambio de la situación, en particular si se terminara de verificar el alto el fuego indefinido, definitivo y permanente de la banda ETA. Batasuna fue ilegalizada una vez que quedó perfectamente comprobada la relación que la une a la organización terrorista. Si tal organización deja de perpetrar actos violentos habrán decaído las razones para la ilegalización, y Batasuna podrá aspirar a su regreso a las instituciones democráticas de las que se vio expulsada al no poder presentar candidaturas: casi medio centenar de ayuntamientos vascos y navarros, esencialmente. No es sorprendente que Batasuna haya presionado a ETA para que abandone las armas, toda vez que la prohibición de participar en los ayuntamientos ha privado a Batasuna de unos importantísimos ingresos que aspira a recuperar a partir de las elecciones del año que viene.

Pero, en este "tiempo intermedio", de vieja legalidad y nuevas perspectivas, ¿qué criterios emplea el juez? ¿La legalidad vigente "y punto", o tiene obligación de atisbar lo que vendrá e incluso de dar facilidades a esos nuevos y esperanzadores tiempos? El juez ha de ser sensible a la realidad social, pero no puede ignorar incumplimientos de leyes en vigor. ¿Cómo se concilian ambas actitudes?

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