Trastienda de una contra-OPA Antonio Casado22/02/06Aquí nadie está libre de pecado si miramos en perspectiva política el inefable suceso de ofertas y contraofertas respecto a Endesa. No neguemos el alcance político de la operación de compra de la mencionada compañía eléctrica por parte de la catalana Gas Natural, a su vez brazo industrial de La Caixa, que es un poder económico y financiero vinculado a Cataluña.
Pero con la misma naturalidad, dentro de lo que cabe, y precisamente por el sesgo catalanista de la operación, tan bien vista por el Gobierno de la Nación y el autonómico, tampoco podemos dejar de reconocer que el Partido Popular, en sintonía con el presidente de la eléctrica, Manuel Pizarro, ha hecho todo lo posible por obstaculizarla.
Basta echar un vistazo a la hemeroteca para acreditar esta consideración. En sus primera reacciones, por boca del portavoz de Economía del PP, en aquellos primeros días de septiembre, cuando se acaba de hacer pública la oferta de Gas Natural, Miguel Arias Cañete dice tener la sospecha de que estamos ante una operación de trasfondo político con el objetivo de primar los intereses económicos y territoriales de Cataluña, hasta el punto de llegar a declarar que personalmente preferiría que Endesa fuese comprada por un grupo extranjero.
Mucho menos sofisticada fue una declaración de Esperanza Aguirre, presidenta de la Comunidad de Madrid, el 12 de septiembre de 2005, una semana después de la publicación de la OPA:
"Es una mala noticia que la sede de una empresa eléctrica multinacional se traslade fuera del territorio nacional", dijo. Dos horas después, un portavoz oficial de la Comunidad de Madrid corrigió a su presidenta:
"Donde dijo nacional quería decir regional". ¿Le había traicionado el subconsciente?
Mariano Rajoy, por su parte, descalificó la operación desde el primer momento por entender que el sector público catalán (Caixa) iba a controlar una empresa
"española" en contra de los intereses de los consumidores.
Ni que decir tiene que los dirigentes del PP vincularon en todo momento esta operación empresarial a la gestación del Estatut, los intereses del tripartito y el propio horizonte político personal de
Rodríguez Zapatero. Todo lo cual tuvo un persistente reflejo en los medios de información más próximos al PP, que en general no repararon en medios para mantener viva la desapacible ofensiva contra los planes del Gobierno.
Primero fue presentar la OPA como
"pago al tripartito"; luego, acusar al Gobierno de favorecer al empresariado catalán en perjuicio del resto de España, acusar al ministro Montilla de favorecer la OPA como contraprestación a un crédito condonado a su partido y, ya el colmo, acusar a Rodríguez Zapatero de renunciar a los fondos estructurales de la UE a cambio de que la UE no interviniese en la operación.
Parece que las malas artes han dado resultado.
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