El precio políticoAntonio Casado
27/02/06El Gobierno no ha cambiado la política antiterrorista aunque sí el discurso político, según
Rubalcaba. Luego enumera una serie de rayas rojas perfectamente trazadas. ¿Dónde? Pues en los textos que, a su vez, señalan el campo del que no puede salirse el Ejecutivo en sus tratos con el mundo de ETA. Para empezar, el mandato parlamentario de mayo de 2005 sobre
"final dialogado" de la violencia, adaptación del punto 10 del Pacto de Ajuria Enea (1987). Y para seguir, el Pacto por las Libertades y Contra el Terrorismo (2001).
Los dos textos prohíben la ecuación
"paz" por
"precio político". Ese vector capital de la política antiterrorista no puede abolirse por un cambio de discurso diferenciado del que tenía el Gobierno
Aznar. El discurso, no la política antiterrorista. Sin embargo, aunque sólo en el discurso aparecen las discrepancias, el PP ha decidido convertirlas en abismos insalvables respecto a la política antiterrorista del Gobierno
Zapatero, lo que le lleva a rasgarse las vestiduras y argumentar sobre premisas falsas.
O a mentir deliberadamente, como cuando endosa al presidente del Gobierno mayor sintonía con los terroristas que con sus víctimas. El otro sartenazo favorito de los dirigentes del PP es el de la supuesta claudicación de Zapatero ante ETA mediante el pago de ese precio político expresamente prohibido, a pesar de los reiterados desmentidos oficiales en relación con las tres grandes reivindicaciones del nacionalismo que acojona y también el que gobierna. A saber: autodeterminación, territorialidad (anexión de Navarra) y cambio de marco jurídico-político.
Esos tres objetivos clásicos del nacionalismo vasco no tienen cabida en la Constitución. O la tienen, pero está perfectamente tasada. La autodeterminación es un simple delirio nacionalista robado furtivamente al Derecho Internacional, pero lo de Navarra (disposición transitoria cuarta) o la modificación del marco constitucional (Título X), son asuntos que encajan perfectamente en las reglas del juego democrático. Por tanto, el atajo (el precio político) tampoco viene a cuento.
En torno al mentado precio político queda solamente la cuestión de los presos y la reincorporación de Batasuna a la vida legal de los partidos que compiten democráticamente por el poder. Lo primero tiene un mayor margen de discrecionalidad en nombre del principio de reinserción, pero hablar de ello ahora es inútil. Lo segundo también está regulado en un texto legal, la Ley de Partidos Políticos. Sostiene Rubalcaba que el Gobierno no tiene la menor intención de modificarla. Por tanto, Batasuna será legal cuando la cumpla.
Dicho todo lo cual, carece de sentido especular sobre todos estos asuntos mientras no se dé la consabida
"condición previa" (un adiós a las armas creíble y verificable), que daría lugar a la apertura de un proceso de
"final dialogado", previa exposición del mismo por parte del presidente del Gobierno ante el Congreso de los Diputados
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