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El poder de la arbitrariedad

Lorenzo Bernaldo de Quirós


09/02/2006

Como era previsible, el gobierno ha autorizado la Oferta Pública de Adquisición de Gas Natural sobre Endesa con unas condiciones de una suavidad versallesca. Ha ignorado el demoledor informe del Tribunal de Defensa de la Competencia o el del TDC de la Comunidad de Madrid contra la operación, ha rebajado todavía más las moderadas exigencias planteadas por la Comisión Nacional de la Energía y, en definitiva, ha hecho un traje a la medida de la gasera catalana para que la OPA tenga éxito. El gabinete socialista ha primado los intereses partidistas y particulares sobre los generales y, con esa actitud, ha lanzado un torpedo a la línea de flotación del marco institucional encargado de velar por la preservación del orden competitivo y, también, a su propia credibilidad como garante imparcial de las reglas del juego. En la Vieja Piel de Toro, la arbitrariedad se ha convertido en norma. Esta es una pésima señal a los mercados internacionales y a los agentes económicos locales que van a perder confianza en España.

El mensaje es evidente. Para que cualquier operación empresarial de calado salga adelante, las razones económicas, financieras, de competencia etc. tienen una importancia secundaria. Lo decisivo es obtener el apoyo gubernamental. Si se consigue éste, cualquier escollo es superable. Las leyes y las instituciones pasan a tener una naturaleza puramente instrumental y su operatividad dependerá de su coincidencia o no con la voluntad del gabinete. Esta instauración de la discrecionalidad es incompatible con los fundamentos del Estado de Derecho y además introduce un grado de incertidumbre y de inseguridad jurídica que antes o después tendrá un efecto negativo sobre la actividad económica. La estabilidad y fiabilidad de las instituciones es una variable determinante del desarrollo y del crecimiento de la economía en el medio y en el largo plazo. Su deterioro termina por pasar factura.

Por otra parte, la decisión del gobierno y el desarrollo de todo el proceso de la OPA resucita un perverso maridaje, el de la economía con la política. Desde la óptica de los principios, la autonomía de esos dos ámbitos es uno de los elementos básicos de una economía de mercado. Desde el punto de vista empírico, la mezcla de ambos es una fuente de ineficiencia y además un potencial foco de corrupción. Este riesgo es independiente de la buena o de la mala fe de los políticos y de los empresarios, de la nobleza o no de sus intenciones. Cuando el éxito o el fracaso de las decisiones u operaciones empresariales depende de los favores del poder, los incentivos para entrar en relaciones peligrosas son muy altos porque también lo son los potenciales beneficios que se obtienen de esa espuria colaboración.

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