El caso FungairiñoAntonio Casado03/02/06Se acusa al fiscal general del Estado,
Cándido Conde Pumpido, de haber destituido al fiscal jefe de la Audiencia Nacional,
Eduardo Fungairiño, por falta de sintonía política y lealtad personal, o pérdida de confianza profesional, cuando debería haberse guiado exclusivamente por razones de capacidad y mérito.
Esa argumentación ignora deliberadamente los supuestos de indisciplina, desidia o falta de diligencia mencionados por el fiscal general, como causa de reiterados incumplimientos por parte de Fungairiño. Algunos con graves consecuencias, como la excarcelación de un terrorista que participó luego en los atentados del 11-M o la instalación de un etarra en el mismo edificio donde reside la viuda de una de sus víctimas.
Que esos y otros supuestos debieran haber llevado, en todo caso, a la apertura de un expediente, pero nunca a la destitución, es algo que corresponde valorar al propio fiscal general del Estado como máxima autoridad de una institución que funciona en régimen de dependencia jerárquica. Como en su día, hace nueve años, valoró el nombramiento de Fungairiño el entonces titular de ese cargo,
Jesús Cardenal, en contra del parecer de todos los miembros del Consejo Fiscal, quienes le otorgaron cero votos.
Por otra parte en medios próximos al PP se presenta la caída de Fungairiño como una gran pérdida para la lucha antiterrorista, lo cual también desprende una interpretación muy sesgada de lo ocurrido y sugiere que el sustituto no querrá emplearse a fondo en ese terreno, lo cual no deja de ser una falta de respeto a la profesionalidad de quien tome el relevo.
Aún reconociendo la firmeza mostrada siempre por Fungairiño en temas de terrorismo, justo es reconocer que no mostraba tanta cuando se trataba del terrorismo de Estado en Latinoamérica, puesto que siempre hizo lo posible por evitar que en España se aplicase el principio de justicia universal a
Pinochet y a
Videla por crímenes contra la humanidad.
Y de todos modos, Fungairiño quedará vinculado a esa vocación suya en su nuevo puesto como delegado especial de la Fiscalía General del Estado en el Tribunal Supremo para asuntos de terrorismo. No tiene sentido, pues, interpretar su cese en la Audiencia Nacional como una forma de suprimir a un fiscal
'incómodo' ante la eventualidad de un trato con
ETA con vistas al fin de la violencia en el País Vasco. Lo demás es trastienda política, mala fe o ganas de enredar. Algunos no se han quedado en imaginar una operación del Gobierno para desembarazarse de un fiscal
'indomable'. Se ha insinuado incluso que el cese de Fungairiño era una exigencia de ETA ante la que el Gobierno, sumiso y claudicante, no habría tenido inconveniente en servir su cabeza en bandeja de plata. Qué barbaridad. Y, sin embargo, hay quien argumenta de ese modo y se queda tan fresco.
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