Un acuerdo letalLorenzo Bernaldo de Quirós
26/01/2006El acuerdo entre
Zetapé y
Artur Mas sobre el Estatut de Cataluña es el reconocimiento por la vía de los hechos de la bilateralidad de las relaciones entre la Generalitat y el Gobierno de la Nación. Se ha acordado un trato de privilegio a las conexiones económicas entre el Principado y el Estado. Se trata en definitiva de un paso más hacia la definición de un anclaje confederal de Cataluña en España y en consecuencia es un éxito para los nacionalistas. El aparente pragmatismo de CiU frente al maximalismo retórico de ERC permite al gabinete socialista vender el pacto como una fórmula de moderado compromiso lo que constituye un error monumental. Los convergentes siempre han considerado las concesiones económicas por parte del Estado como el mecanismo más sólido para avanzar en sus reivindicaciones.
De entrada, la cesión del 50 por ciento del IRPF al Gobierno catalán le aporta unos 1.824 millones de euros más, la transferencia del 50 por ciento del IVA suministra a las arcas de Maragall 1.174 millones de euros y la del 58 por ciento de los Impuestos Especiales 615 millones de euros más. El total de los recursos obtenidos por Cataluña son de unos 3.613 millones de euros. La primera pregunta es de dónde sale ese dinero. La respuesta es doble: o bien se recortan los gastos generales del Estado en la misma cuantía o bien otras comunidades autónomas recibirán menos fondos o las dos cosas. Por tanto se está ante un juego de suma negativa en el cual hay perdedores netos y un ganador claro, los políticos catalanes que dispondrán de más plata para gastar sin someterse a la desagradable tarea de subir los impuestos sobre los que tienen capacidad normativa. Este es un golpe demoledor al principio de corresponsabilidad fiscal y un incentivo poderoso al despilfarro.
En el juego de la competencia política entre las autonomías e invocando el sagrado nombre de la igualdad parece obvio que las demás Comunidades Autónomas no van a quedarse atrás en sus demandas ni van a aceptar un trato asimétrico a Cataluña. En otras palabras pedirán un trato similar al obtenido por el Gobierno catalán. De lo contrario de produciría la paradoja que los pobres financian a los ricos, singular visión redistributiva del socialismo patrio. Ello implica extender el acuerdo financiero Zetapé-Mas a todos. Si este enfoque se materializa, el coste para el Presupuesto del Estado será de unos 20.000 millones de euros, el equivalente a todas las inversiones estatales en infraestructuras y al gasto en seguridad ciudadana. En este escenario, el Estado carecerá de capacidad financiera para atender a sus funciones clásicas o se convertirá en un cascarón vacío, en una realidad virtual. Desde esta perspectiva, los efectos dinámicos del pacto entre el PSOE y CiU contribuye a conseguir un objetivo permanente de los nacionalistas: debilitar las instituciones estatales.
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