El estado del Consejo

Luis del Val


26/01/06

El Consejo de Estado es un ilustre organismo al que es preceptivo solicitar su informe y opinión sobre las leyes, pero cuyo dictamen no es en absoluto vinculante. Si el dictamen del Consejo de Estado coincide con las pretensiones del legislador que, la mayoría de las veces, son también las pretensiones del Gobierno que las ha promovido, en el Boletín Oficial del Estado, en el preámbulo de la Ley, se podrá leer la frase "...de acuerdo con el Consejo de Estado". Pero si el Gobierno promueve y saca adelante una ley sobre la que el Consejo de Estado opina que tiene defectos, que puede ser una pequeña barbaridad o una barbaridad legislativa de tamaño considerable, entonces el Gobierno de turno, ni se inmuta: sólo tiene que poner en el preámbulo de la Ley una coletilla que diga "oído el Consejo de Estado". O sea, lo hemos oído, lo hemos escuchado, pero la opinión del Consejo de Estado se la pueden meter sus miembros en el armario ropero, porque la ley saldrá publicada, tal cómo se había redactado, diga lo que diga y sea cual fuere el criterio del Consejo de Estado.

A mí, en principio, no me parece mal. Quiero decir, que si las Cortes estuvieran maniatadas por el parecer del Consejo de Estado, esto no sería una Democracia. Pero también es cierto que la composición del Consejo de Estado no se recluta a la salida de una discoteca, un viernes a las cuatro de la madrugada, sino que está formada por ilustres juristas, ex-presidentes de Gobierno, ex-Presidentes de las Cortes, es decir, personas a las que se les supone conocimiento, criterio, experiencia y formación. Sin embargo, la suposición que hace el PP, como si el criterio del informe del Consejo de Estado fuera una encíclica de Carlos Marx, que los ortodoxos fieles del PSOE obedecerán con disciplinada humildad, es una rotunda equivocación, no sé si cristiana o angelical. Tanta como no ver que quienes provocaron el lío están convirtiendo al PP en responsable. Rubalcaba, en su caso, hablaría menos y afilaría un contundente recurso de anticonstitucionalidad.

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