El blindaje de las competencias compartidas ralentiza la negociación del Estatut

La demanda de los partidos catalanes de blindar las competencias compartidas con el Gobierno se encuentra sobre la mesa, según fuentes de la negociación, lo que ralentiza el análisis de los artículos al margen de la persistencia de desacuerdos en la mitad de los puntos abordados durante la mañana.

Redacción/diarioDirecto 19/01/06

El cuatripartito y el PSOE cerraron la semana pasada la definición de las competencias compartidas por las que la Generalitat asumía la potestad legislativa y reglamentaria, así como la función ejecutiva, en el marco de las bases que fija el Estado como principios o mínimo común normativo en normas con rango de ley.

No obstante, la exigencia de ERC e ICV para blindar más materias compartidas sigue sobre la mesa y se ha convertido en un tema recurrente durante la negociación artículo por artículo de las competencias, según fuentes de la negociación. Así, a la demanda de blindar las competencias en cajas, banca, ordenación del crédito y seguros, analizados ayer, hoy se sumaron las competencias en sanidad y la lista "sigue abierta", según las citadas fuentes.

Durante la sesión matutina de la reunión de hoy se abordaron tan sólo una docena de artículos de los cuales la mitad siguen abiertos. Así, se habrían cerrado acuerdos en el artículo 151, de ordenación territorial, y 152, sobre planificación, ordenación y promoción de la actividad económica.

También estarían cerrados los artículos 158 y 159, referentes a investigación, desarrollo e innovación tecnológica, y régimen jurídico, procedimiento, contratación, expropiación y responsabilidad en las administraciones públicas catalanas, respectivamente. Los otros dos acuerdos se sitúan en los artículos 163 y 164 sobre seguridad privada y seguridad pública.

Por el contrario, continúan abiertos los artículos 154, referente a la defensa de la competencia o el 160, sobre régimen local, en el que el Gobierno se opondría a la competencia exclusiva de la Generalitat.

En el artículo 162, sobre Sanidad, el Gobierno reclamaría que la competencia de la Generalitat sobre la organización, el funcionamiento, la evaluación, inspección y control de centros y servicios sanitarios esté sometida a la coordinación del Estado, algo que los partidos catalanes rechazan.

También rechazan el planteamiento del PSOE en el artículo 169, referente a transportes, y en concreto que se niegue la competencia exclusiva de la Generalitat sobre los centros y los operadores de las actividades vinculadas a la organización del transporte, la logística y la distribución localizadas en Catalunya, los llamados Centros Integrales de Mercancías (CIM), alegando que deben estar sujetos a la unidad de mercado.

Persiste el desacuerdo en el artículo 171, referente al turismo, por la negativa del Gobierno de traspasar a la Generalitat los Paradores Nacionales situados en Catalunya, así como en el artículo 172, sobre universidades, donde sigue sin haber acuerdo en las competencias exclusivas de la Generalitat sobre la regulación y gestión de las becas y las ayudas procedentes de fondos estatales.

Financiación esta tarde

Tras una breve parada, se reemprenderá la reunión con la incorporación de los portavoces de CiU, ERC e ICV en el Congreso, Josep Antoni Duran Lleida, Joan Puigcercós y Joan Herrera, con el objetivo de comenzar la negociación sobre financiación a partir de las 16 horas en presencia del portavoz del PSOE en el Congreso, Alfredo Pérez Rubalcaba y el secretario de Estado de Hacienda, Miguel Angel Fernández Ordóñez.

Según fuentes de la negociación, durante la mañana no se abordó ninguno de los temas que quedaron pendientes en la reunión de ayer, aunque sí está previsto que ERC plantee fórmulas alternativas en materia de gestión de grandes infraestructuras, como puertos y aeropuertos.

La propuesta de los republicanos, según confirmaron fuentes de ERC, pasaría por plantear el traspaso a la Generalitat de la titularidad del aeropuerto y el puerto de Barcelona dejando constancia por escrito que su gestión se realizaría a través de un órgano consorciado con participación del Estado.

También se habrían solventado los problemas en el artículo referente a protocolo, con el compromiso del Gobierno de aprobar una ley que establezca el orden de prelación en actos oficiales. Así, el presidente de la Generalitat ocuparía el tercer lugar protocolario tras el Rey y el presidente del Gobierno.

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