El verbo del generalAntonio Casado
09/01/06Desde posiciones políticas y mediáticas próximas al PP se hacen conmovedoras alusiones a la motivación constitucionalista del teniente general
Mena Aguado. Eso le distinguiría de otros militares que, en un relativamente lejano y sórdido pasado, hacían el famoso ruido de sables para evitar el salto de la Dictadura a la Democracia.
Ese análisis no responde a todos los elementos del episodio que nos ocupa. El general Mena apela a la necesidad de defender la Constitución, pero ve la Constitución por la única mirilla de uno de sus artículos. Concretamente el artículo 8, que encomienda a las Fuerzas Armadas la tarea de defender la integridad territorial y el ordenamiento constitucional.
Ahí se queda su verbo suelto. Nada dice de la primacía del poder civil o el principio de la obediencia debida dentro del estamento militar. Y aún así, del artículo 8 toma lo que le interesa para terminar opinando sobre la política lingüística o la organización del Poder Judicial. Qué disparate.
Veamos. El general Mena, arrestado y a punto de perder su cargo como jefe de la Fuerza Terrestre del Ejército, ignora o oculta deliberadamente que el mencionado artículo 8 también obliga a las Fuerzas Armadas a defender los mecanismos constitucionales que disponen la reforma de los Estatutos de Autonomía y de la propia Constitución, así como el normal funcionamiento de las instituciones democráticas para encauzar los debates políticos libremente planteados por los representantes del pueblo español, no por los militares, ni por el funcionariado en general. Eso también es ordenamiento constitucional.
Sin embargo, todo el estrépito de la polémica se ha centrado en el benemérito gesto de un servidor del Estado que nos previene sobre la voladura de la Constitución de ese Estado. Me recuerda a
Fernando Valderrama, un alto funcionario que en el otoño de 2002 fue expedientado por expresar públicamente su desacuerdo con la política exterior del Estado, dirigida entonces por el Gobierno legalmente constituido del señor
Aznar, al que servía como diplomático en Irak.
El verbo suelto de aquel funcionario, tan imprudente como éste, se agotó en la sanción administrativa a la que se hizo merecedor. Ni Valderrama paró la guerra de Irak ni Mena Aguado impedirá el democrático desenlace que espera al Estatut, sea el que sea. Pero será en todo caso el que decidan los representantes de la soberanía nacional en las Cortes Generales y en un eventual referéndum de ratificación.
El diplomático y el militar, como todos los ciudadanos, están en su derecho a expresarse libremente. Pero como todos los funcionarios españoles, en tanto que actúan como representantes del Estado, están inhabilitados para expresar en publico opiniones políticas o criticar públicamente al Gobierno de la Nación.
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