Redacción diarioDirecto 04/01/2006

Beltrán responsabiliza de esta situación directamente a la Administración, "que incumple el deber de proteger los derechos de la infancia" por la falta de regulación en la comercialización de un producto "que no es diferente de las galletas, que incluyen en su etiquetado obligatorio las grasas, azúcares y proteínas", señaló. "La industria de los videojuegos factura más que las de la música y el cine juntas, más de 790 millones de euros en España, se trata de un producto como cualquier otro y no se puede dejar en manos de la industria el respeto a los derechos humanos", aseguró.

El director de la sección española de AI resumió la protección de la infancia ante contenidos no adecuados como "una legalidad estatal inexistente y una autonómica que no se aplica". Ante la falta de una ley específica de ámbito nacional, la regulación de estos productos queda en manos del código de autorregulación de la industria, conocido como PEGI, "y por lo tanto se deja el cumplimiento del respeto de los derechos esenciales a voluntad de las empresas", criticó Beltrán.

La legislación en comunidades autónomas, existente en todas menos en Baleares, carece de reglamento alguno que la desarrolle, por lo que, para AI, es "papel mojado". Según la organización, de los 3 millones de niños que usan videojuegos en España, el 50 por ciento juega a títulos recomendados para mayores de edad, pese a que la mayoría incluye el sello que rige las clasificaciones por edades.

Este sello es parte de los requisitos que establece el código de autorregulación de la patronal, la Asociación Española de Distribuidores y Editores de Software de Entretenimiento (aDeSe), que exige además que se incluya una advertencia con el contenido en caso de, entre otros, juegos "violentos", donde aparezcan "drogas", "sexo o desnudez", o "discriminación", requisito este que según AI rara vez se cumple. Además, denuncia la asociación, "resulta contradictorio con los valores de la Constitución que se puedan vender videojuegos que, entre otras cosas, inciten o banalicen la discriminación por género o raza".

Ausencia de controles

Amnistía Internacional presentó estas conclusiones en su balance anual 'España: Menores y derechos humanos, responsabilidades en juego', donde se recogen frases textuales utilizadas en la promoción de videojuegos que incitan a "convertirse en policía y golpear a los detenidos" o descargarse juegos de Internet que invitan a "detonar una bomba para asesinar judíos". A la desprotección "total" en Internet y de descargas por móvil, AI suma la ausencia total de controles en los comercios y grandes superficies, donde videojuegos violentos "se encuentran en la sección de juguetería".

El informe es especialmente crítico con la promoción de juegos en revistas especializadas y la publicidad insertada también en medios generalistas que pueden herir la sensibilidad del menor, apartado en el que se incluyen numerosos ejemplos de imagen y textos que promocionan títulos con frases como: "acerca a tu enemigo a la pared y empotra su cara contra el muro... ¡es más efectivo que dar patadas!".

"No es serio ni propio de un estado que se deje la protección de los menores a las empresas, apuntó Beltrán, porque los Derechos Humanos no son voluntarios. España incumple sus compromisos internaciones, que en virtud de la Constitución son parte de la legislación", concluyó la investigadora de AI Ángela Iranzo.

La AUC pide prohibiciones por edad

La Asociación de Usuarios de la Comunicación (AUC) recordó a los distribuidores de videojuegos una mayor protección para los menores de edad ya que, según denunció, ni en los folletos informativos ni en los puntos de venta se diferencian "adecuadamente" por clasificaciones de edad.

En la misma línea, la AUC, que asegura haber recibido diferentes quejas y reclamaciones sobre este asunto, reclamó además una legislación en esta materia similar a la que actualmente se aplica para otros productos, como por ejemplo el tabaco o las bebidas alcohólicas, "de modo de que se responsabilice a los vendedores de no vender videojuegos de adultos a menores de edad".

La asociación criticó que en los establecimientos donde se comercializan los videojuegos éstos se clasifican en función del tema o del fabricante, por ejemplo, pero no así de acuerdo a la edad. De este modo, denunció, "en muchos casos los videojuegos para mayores de 18 años aparecen junto a los recomendados para menores".

Para evitar este tipo de situaciones y teniendo en cuenta el desconocimiento de muchas personas en esta materia, la AUC consideró que los distribuidores deberías colocar en lineales distintos los productos para adultos, tal y como ocurre con otros productos como los videos.