PSOE-PP, unidos por la dependencia
Antonio Casado23/12/05
Podría referirse el título del artículo al fatalismo de una mutua dependencia política entre PSOE y PP. Lazos irrompibles no faltan. Aunque sólo sea el de la necesidad de mantener vivo al otro sin renunciar al intento de romperle las piernas o sacarlo del sistema. No es inverosímil todo eso. Y menos con la que está cayendo. Pero hoy hablamos de otro tipo de dependencia. Física y psíquica. Me refiero al recorte que, en movilidad y oportunidades, sufren más de un millón de españoles a causa de su discapacidad.
El equipo de
Amparo Valcárcel, la viceministra de Asuntos Sociales, verdadero artífice del anteproyecto de ley que acaba de alumbrar el Consejo de Ministros, cree que la cifra de discapacitados en España es la de 1.300.000, aunque el libro blanco la reduce a 1.125.000.
El milagro, muy propio de las vísperas navideñas, es ver o estar a punto de ver juntos al PSOE y al PP en el esfuerzo de elaborar una buena ley para que los españoles dispongan de este nuevo derecho, universal y gratuito, como la sanidad o la educación. El derecho a disponer de la asistencia pública para que los discapacitados tengan la misma movilidad que quienes no lo son.
Mariano Rajoy, por su lado, y el ministro
Jesús Caldera, por el suyo, han hablado en público de la necesidad de tramitar esta ley en el Parlamento con el apoyo de las dos principales fuerzas políticas nacionales, la que manda ahora y la que mandará cuando las urnas lo decidan. Pero servidor está en condiciones de anticiparles que ya se han producido los primeros contactos (ministro Caldera y portavoz
Eduardo Zaplana). Sin perjuicio de negociar lo que sea necesario a partir de ahora, el PP ya ha ofrecido el apoyo y la colaboración de su grupo parlamentario y de las Comunidades Autónomas donde gobierna para que este proyecto acabe publicado en el BOE con la común conformidad del PSOE y del PP.
Asistimos al nacimiento de un nuevo derecho universal y gratuito. Nada menos que el cuarto pilar de nuestro estado del bienestar, después de haber colocado el primero (asistencia sanitaria, 1986), el segundo (educación, 1985) y el tercero (pensiones asistenciales, 1990). Nace ahora un cuarto. Ningún discapacitado será dejado a su suerte si carece de medios económicos para procurarse la movilidad. Y como en el caso de la enseñanza (obligatoria), la sanidad y las pensiones mínimas, los poderes públicos se obligan por ley a poner los medios necesarios para hacer efectivo ese derecho.
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