Prejubilar y desahuciar
Carmen Tomás

14/06/2005

Este Gobierno legislar no legisla, ¡pero inventar! En las últimas horas, desde Administraciones Públicas y Vivienda, sus titulares han lanzado dos ideas a cual más difícil de poner en práctica y, por tanto, con objetivos inalcanzables. Jordi Sevilla apuesta por ofrecer a los funcionarios que se prejubilen desde los 58 años. Dice que quiere modernizar, de momento, la Administración Central, ya que supondría la salida de al menos 25.000 funcionarios. Nada sabemos del coste de esta operación. Sí podemos intuir que costará un pastón, que se dejará escapar talento y que, por el contrario, no se garantiza, con la entrada de nuevo personal, más organización, que es lo que le falta a la Administración.

El asunto se agrava si esta idea es complementaria de otra lanzada hace algo más de tiempo y que pretendía cambiar las condiciones de entrada, es decir, las oposiciones tradicionales, por una prueba psicológica y de actitud, obviamente mucho más subjetiva. La idea, además, choca con lo dicho por los socialistas en el sentido de que había que ampliar la edad laboral; que había que reducir al máximo las prejubilaciones, por ser un coste enorme para todos; y, desde luego, con el criterio de mantener a raya el déficit público.

La idea de Trujillo es más rocambolesca, es decir, en su línea. El objetivo es loable: aumentar la seguridad jurídica de los propietarios de pisos, de forma que se animen a alquilarlos. Pero, claro, la idea choca con la realidad. Crear una oficina de señalamientos para hacer desahucios rápidos no se puede llevar a la práctica. Según nuestro ordenamiento jurídico, sólo un juez puede proceder a un desahucio. No es una acción administrativa, sino judicial. Si, al final, los papeles tienen que acabar en un juzgado, o me he perdido o no entiendo dónde está la rapidez del proceso. O se montan juzgados especiales o las demandas tardarán lo que tardan.

OTR/PRESS