14/06/2005

Jordi Sevilla ha dejado a todos perplejos y boquiabiertos con su anuncio sorpresa: el Gobierno de la Nación quiere rejuvenecer a sus funcionarios públicos. Y acometerá esta tarea procediendo a una jubilación anticipada a los funcionarios del Estado que se encuentran en la franja de edad que va de los 58 a los 64 años. Se trata de un plan voluntario e incentivado, por cuya virtud confía el Ministerio de Administraciones Públicas en renovar al diez por ciento de la plantilla, unos 25.000 funcionarios.

No se trata de reducir las dimensiones del funcionariado estatal, que ya es inferior al funcionariado al que han dado origen los Gobiernos autonómicos: los autonómicos llegan a ser el 53 por ciento del total. Se trata, sencillamente, y como el propio ministro ha procurado explicar, en su primer anuncio, de "reordenar edades, cualificación y zonas" en la Administración, y, de paso, de mejorar la cualificación profesional de los funcionarios con la llegada de profesionales más jóvenes, mejor preparados, en condiciones, por ejemplo, y según señaló el ministro, de participar en negociaciones con otros dirigentes de los países de la Unión Europea. No hay duda de que el empleo de Internet ha dividido en dos al funcionariado como a cualquier otro grupo especializado de profesionales. Y bien puede decirse que un porcentaje estimable de esos funcionarios veteranos quedaron ya, en alguna medida, "jubilados por las nuevas tecnologías de la información".

El anuncio, efectuado por sorpresa, era este martes, lógicamente, el asunto al que los propios funcionarios dedicaban sus atenciones prioritarias. Pero no sólo ellos. En la clase política había sorprendido de parecida manera el anuncio ministerial: ¿No ha venido defendiendo el PSOE, incluso figura en su programa electoral, la conveniencia de no proceder ni admitir más prejubilaciones, e incluso de prolongar la vida laboral desde los 65 a los setenta años, teniendo en cuenta la más larga vida de la que suelen disponer los ciudadanos en nuestros días? El PSOE alegaba, para restringir las prejubilaciones, la conveniencia de reducir al máximo el uso de dinero público con esas finalidades.

No sorprende, por consiguiente, el estupor que se producía en el propio PSOE, entre los propios dirigentes sindicales y, posiblemente, según nos aseguran, en el mismísimo Gobierno..., todos cogidos por sorpresa, con un encaje mayor o menor, por el anuncio de Jordi Sevilla. Se asegura que en el propio departamento de Economía no se ha efectuado hasta el momento el cálculo del dinero extra que podría suponer una decisión de esa naturaleza. Dependerá de dos cosas: sobre todo, o en primer lugar, de la oferta más o menos ventajosa que se efectúe a los candidatos a la prejubilación, los mayores de 58 años. Y en segundo lugar, de cuántos serán, finalmente, quienes estén decididos a beneficiarse de esa jubilación no prevista, ni siquiera previsible hasta el momento.

En realidad, la propuesta que hace Sevilla es sumamente amplia, aunque esté por conocer todavía el detalle concreto de la oferta que realice. Pero se trata, por igual, de recortar la edad de la jubilación a los 58 o de prorrogarla más allá de los 65. O sea, una jubilación 'a la carta', según los deseos o las necesidades y previsiones de cada cual. Ahora corresponde la negociación con los sindicatos y las explicaciones a la opinión pública. Esencialmente, nos dirá Jordi Sevilla por qué ese cambio del compromiso electoral anti-prejubilación. Claro que se crearán nuevos puestos de trabajo, pero ¿se puede permitir este país el lujo de prescindir de esos 25.000 funcionarios cuando el gran problema se llama productividad insuficiente?

OTR/PRESS