Caza al hombre

Lorenzo Bernaldo de Quirós

28/01/2005

La CMNV ha dado carpetazo a la investigación sobre la posibilidad de que se hubiese producido alguna acción ilícita en la venta de FG Valores a Merrill Lynch en 1996. La institución presidida por Manuel Conthé hizo gala de su independencia al negarse a entrar en la campaña desencadenada desde las candilejas del poder, con la asistencia de algunos compañeros de viaje, para desalojar a Francisco González de la presidencia del BBVA. Ante la negativa de la CNMV a sumarse a la alianza político-empresarial destinada a controlar la segunda entidad bancaria del país, la Fiscalía Anticorrupción coge el relevo y prosigue la persecución contra el máximo dirigente del BBVA. Pocas veces, en la reciente historia económica de España se ha producido un ataque tan burdo contra un empresario. Pero que nadie se inquiete. Si este último asalto no logra su propósito, las fértiles mentes de los saqueadores públicos y privados idearán algún otro método para lograr sus metas.

Guste o no, sólo o con ayuda de otros, el poder político está decidido a controlar al BBVA. Esta estrategia responde a una lógica implacable: La voluntad del Gobierno de desplazar de la cabeza de las grandes compañías privatizadas a las personas puestas a su frente por el Gobierno anterior y ratificadas desde entonces por sus dueños, los accionistas. Esta no es una hipótesis de ciencia-ficción ni el resultado de una calenturienta teoría conspiratoria, sino el reflejo de múltiples declaraciones realizadas por dirigentes del actual Gobierno. La purga empezó con Red Eléctrica, continuó con Repsol y ahora le toca el turno al BBVA, pieza esencial para asaltar en un siguiente paso Telefónica. Tras los fallidos intentos de implicar a la CNMV en esa operación, ahora le toca el turno a la Fiscalía Anticorrupción. Se están poniendo instituciones del Estado al servicio de fines espurios.

Quien escribe estas líneas no siente una especial simpatía por Francisco González pero sí cree en un principio básico: Quienes deben tomar las decisiones en una empresa cotizada en bolsa son los accionistas. Cualquier intento político de hurtarles ese derecho es inaceptable en una economía de mercado y es propio de "Banana Republic" o de latitudes siberianas. Actuaciones de esta naturaleza no sólo dañan a las corporaciones objeto del oscuro deseo del poder y a sus legítimos propietarios, sino también a la imagen de España en el mundo. Sin duda, el Gobierno no es el único culpable de este tipo de situaciones. También tienen una gran responsabilidad esos sedicentes capitalistas ibéricos que tienen a buscar más los favores del poder que su buena gestión para cuadrar sus cuentas de resultados. Desde esta perspectiva sería mucho más honesto poner la cabeza de FG a precio.

OTR/PRESS