Más sentido común

Carmen Tomás

18/01/2005

Qué oportuno el informe del Comité de Política Económica de la Unión Europea. Recomienda para España la eliminación de la negociación de los convenios colectivos de la cláusula de revisión automática de los salarios. Justo lo contrario de lo que se ha pretendido hacer desde el Gobierno con el salario mínimo y que ha propiciado uno de los espectáculos menos divertidos de los últimos meses. La bronca pública ha sido de tal calibre que parece que finalmente se va a cambiar el criterio, aunque nadie ha contado qué pedirán los sindicatos a cambio de ceder en un acuerdo que ya estaba firmado con ellos. Eso sí, no contaba ni con el apoyo de la patronal, ni tampoco con el del vicepresidente económico, Pedro Solbes. Lo sorprendente es que se ha querido tomar una decisión no ya en contra de los criterios de Europa, de los empresarios y de una parte importante del Gobierno, sino del sentido común. La economía española pasa en estos momentos por sus peores cotas de competitividad y productividad y no sólo no se ha hecho nada hasta ahora para mejorar estos parámetros sino que se echa leña al fuego.

El informe aludido también hace referencia a la necesidad de abordar algunas reformas que rompan la rigidez de algunos mercados en aras de fomentar la competencia y reducir los excesivos niveles de precios y de desempleo. Vamos a ver si Solbes consigue sacar adelante la batería de medidas que está elaborando precisamente en este sentido. La verdad es que las últimas actuaciones del ministro de Economía hacen dudar de su predicamento en el Consejo de Ministros. En demasiadas ocasiones se le ha dado prioridad a las decisiones de ministros de su área, que no parece muy coordinada.

Resulta, en este sentido, altamente preocupante, si como publica un diario económico, Solbes y el asesor del presidente, Miguel Sebastián, diseñan por separado, y mucho nos tememos que con criterios distintos, la que sería la anunciada reforma fiscal del Gobierno. Pavor da pensar en el desperdicio de tiempo y esfuerzos que esta división supone y más cuando se trata de un asunto en el que la seguridad jurídica está en juego y en el que los experimentos no son de recibo.

OTR/PRESS