Desleal Ibarretxe

Antonio Casado

05/01/2005

Sobre Juan José Ibarretxe descarga estos días la acusación de deslealtad institucional. Es el argumento central de Mariano Rajoy para referirse a la obra predilecta del lehendakari, alumbrada cuando estaba a punto de caer la última hora del calendario de 2004. Tiene razón Rajoy, aunque su argumento sea más descriptivo que reprobatorio. ¿Desleal Ibarretxe a las instituciones? Pues, claro. Es que justamente su propuesta de nuevo Estatuto Político aspira a la abolición de dichas instituciones en la parte del Estado gobernada por el nacionalismo. El vasco, se entiende.

Ante eso, la legislación vigente. Quiero decir que aún en la discrepacia o la bronca se puede pedir lealtad al amigo, al próximo, al indivíduo de la misma especie, al socio del mismo club, al familiar. Y, naturalmente, al compatriota. ¿Pero cómo pedir lealtad al compatriota que se adscribe a otra patria, distinta y cabreada con la común? Caso de estricta aplicación a Ibarretxe, Josu Ternera, Joseba Eguibar, Arnaldo Otegui, y los abajo firmantes del llamado plan Ibarretxe. Respetable, personal, íntimo, intransferible, sentimiento de pertenecencia, cuya conducta política irá forzosa e inevitablemente orientada a la deslealtad institucional. Incluso eso es respetable. Ingrato, pero politicamente respetable.

Vale de disgresiones. Todo esto es una maraña de rodeos dialécticos que desembocan en la proclamación del principio de legalidad. Es a lo que íbamos. Todo dentro del Estado de Derecho, nada fuera del Estado de Derecho. Patria vasca, nacionalismo, sed de independencia, sentimiento de pertenencia distinto al español, reforma o ruptura de la Constitución, exaltación de la voluntad de vascos 'y vascas'. Lo que sea en el terreno de la propuesta política, por extravagante que parezca. Pero bajo el imperio de la ley y el respeto a la norma como antídoto frente a la arbitrariedad. Por supuesto que Ibarretxe no puede ser el guardián de una legalidad que quiere abolir, pero los guardianes existen con la obligación de cumplir la ley y hacerla cumplir.

El Gobierno, la 'leal' Oposición, los Tribunales, la Fiscalía, el Parlamento. Legalidad para todos, también para una decisión del Parlamento Vasco que de ninguna manera puede estar por encima de las Cortes Generales ni del orden constitucional, so pena de que el sistema retroceda frente al nacionalismo conminatorio de Ibarretxe y compañía.

OTR/PRESS