Piqué plantea que cualquier reforma estatutaria sea apoyada por PSOE y PP y no promover cupos o asimetrías
El presidente del PP catalán, Josép Piqué, fue el encargado de presentar en el XV congreso del PP la comunicación que, sin posibilidad de enmienda, fija la posición del partido ante las futuras reformas estatutarias. Por encargo de Mariano Rajoy, el dirigente 'popular' detalló ante sus compañeros algunas de las claves que conformarán el 'argumentario' de la organización: Cualquier cambio necesitará el apoyo "de los dos grandes partidos", no se han de fomentar nuevas "asimetrías políticas", las cesiones han de ser "generalizables" y, a ser posible, sin utilizar el 150.2 de la Constitución. Además, consideró indispensable que no se busque debilitar a la Administración del Estado para fortalecer a las regiones, que se tenga en cuenta a los Ayuntamientos y que no se establezcan nuevos cupos.
Redacción/diarioDirecto
Josep Piqué dijo que no podía poner "en duda" la legitimidad de las propuestas de reforma estatutaria "desde el respeto a las reglas del juego, es decir, en el marco de la Constitución y de lo que establecen los propios textos estatutarios", pero también que era "consciente" de que está en la agenda de algunas fuerzas políticas "replantear el pacto constitucional en lo que se refiere a la distribución territorial del poder político que se conoce como Estado de las Autonomías". Ante esto, afirmó, el PP debe mantener una posición "clara y nítida" en la defensa de la Carta Magna, y evitar que se puedan producir "diferencias" en lo que concierne a los derechos por el hecho de pertenecer a una u otra comunidad.
En este contexto, aseguró que su organización respeta los "hechos diferenciales" de determinadas autonomías recogidos ya en la Constitución y que constituyen "elementosde riqueza colectiva", pero avisó de que no respaldarán que se creen nuevas diferencias "en términos de poder político o competenciales en base a un concepto difuso relacionado con la conciencia colectiva de voluntad de autogobierno, que implique tratos diferenciales más allá de la respuesta a los hechos diferenciales reconocidos en nuestro ordenamiento jurídico-político".
Las bases del debate para reformar los estatutos
Así, el presidente del PP catalán explicó a sus compañeros de partido los puntos que, a partir de este congreso, los 'populares' considerarán "la base" para participar en debates sobre reformas estatutaria. En primer lugar, recalcó que las reformas no pueden llevarse a cabo "sin uno de los dos grandes partidos", aunque se debe tratar de "incorporar" a otras fuerzas políticas. "Además, el resultado del debate debe ser reforzar el Pacto Constitucional y el compromiso con las Instituciones, al margen de las mayorías parlamentarias coyunturales que se deriven de las naturales alternancias electorales", apostilló, sacando a colación que "la estabilidad institucional es requisito indispensable para el progreso".
En tercer lugar, Piqué hizo hincapié en que "la lealtad institucional y política" debe presidir cualquier debate, y en que el modelo autonómico "no está en cuestión y la soberanía no es compartimentable". "Por supuesto, es imprescindible el respeto a los procedimientos y reglas de juego". El cuarto punto se sustenta en que "la asimetría" de situaciones no debe comportar "asimetría" de derechos individuales o colectivos que supongan "privilegios" de base política.
A continuación, reiteró que cualquier reforma que se lleve a cabo debe ser susceptible de generalización, "salvoque dé respuesta a hechos específicos como la lengua, la insularidad, la ultraperificidad o los derechos civiles e históricos ya reconocidos en la Constitución". Como sexta condición, avisó de que los cambios deben buscar el interés general, y no "la satisfacción de determinadas aspiraciones particulares". "Por todo ello, deben evitarse los debates esencialistas -apuntó como séptimo punto-, sobre sentimientos y términos semánticos. Todo está razonablemente resuelto, desde una razonable ambigüedad, en nuestro marco institucional".
Después, y en octavo lugar, aludió al artículo 150.2 de la Constitución para advertir que los 'populares' no apoyarán su utilización si no es de forma "excepcional", porque "nada es más perjudicial para el progreso de los pueblos y de sus ciudadanos que la percepción de inestabilidad institucional". "La adaptación a las nuevas realidades sociales de nuestras instituciones no deben ser, en ningún caso, pretexto para reabrir otros debates resueltos, en su momento, durante la plasmación del pacto constitucional. Las segundas intenciones no son compatibles con la lealtad, la sinceridad y la honestidad que deben presidir el debate político".
No fortalecer unas autonomías en detrimento de otras
Además, agregó que en los últimos 25 años han surgido cuestiones como las nuevas tecnologías, el avance de la construcción europea, la inmigración o la globalización e integración de los diferentes mercados que no podían ser previstos de antemano por los constituyentes o 'padres' de los Estatutos, y que no merecen ahora la "frivolización o improvisación". "Por ello, la reflexión y el debate deben ser abiertos: no se trata de, sin más, aumentar el poder político y las competencias de una determinada Administración en detrimento de otras", enfatizó.
"Las nuevas realidades nos obligan a todos y la distribución del poder territorial no debe guiarse por el objetivo estrictamente político de fortalecer las autonomías en detrimento del Estado, sino repartir las responsabilidades de tal manera que los ciudadanos reciban respuestas adecuadas a sus necesidades. Es esencial, pues, reorientar el debate político en este sentido: El problema de los ciudadanos españoles no es si una determinada Administración tiene más o menos competencias, sino qué es lo mejor para resolver sus necesidades", señaló.
Dicho esto, denunció que los nacionalistas han conseguido "en buena medida" trasladar a la opinión pública que hay que fomentar la descentralización para que las autonomías consigan más poder y, así, "debilitar el peso, la presencia y la relevancia" de la Administración General del Estado. "Debemos oponernos a este principio con claridad", alertó Piqué, quien sacó a colación que los mismos nacionalistas que quieren más competencias para las comunidades se "resisten" después a dotar de más contenidos y financiación a los Ayuntamientos.
Financiación y cesión de competencias
En este punto de su discurso, Piqué aseveró que no cabe "desgajar" el debate sobre la redistribución de competencias del relativo a la financiación, y que conviene "distinguir" entre la financiación adecuada del gasto público entre administraciones "y las llamadas, impropiamente, balances fiscales de los diferentes territorios". "Es bueno que los ciudadanos identifiquen lo que pagan y a quién, así como lo que reciben y de quién. Por ello es bueno que se sepa con claridad a qué Administración se pagan los impuestos, y las tasas, y de qué Administración se reciben las prestaciones y servicios", puntualizó.
Según el dirigente 'popular', la solución es que su partido siga defendiendo "la virtualidad" del actual modelo de financiación autonómica, y centrar el debate en términos "técnicos" y no "políticos", a fin de que cada administración pueda financiar "adecuadamente" sus políticas y sus obligaciones, "y no depender de transferencias entre ellas, más allá de la necesidad de solidaridad y de políticas de cohesión cuya responsabilidad corresponde a la Administración General del Estado". "Es obvio que cualquier sistema de financiación es perfectible -admitió-. Y el actual prevé que debe hacerse una evaluación este año del funcionamiento del modelo y, en su caso, trabajar en los ajustes técnicos necesarios a los cinco años de vigencia, es decir, en el año 2006. El PP está dispuesto a ese debate".
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