El Congreso desestima ampliar la despenalización del aborto pero el PSOE promete un "cambio tranquilo"
El pleno del Congreso de los Diputados rechazó este martes por una amplia mayoría la toma en consideración de tres proposiciones de ley defendidas por Esquerra Republicana (ERC), Izquierda Verde (IU-ICV) y Bloque Nacionalista Gallego (BNG) dirigidas a ampliar la regulación del aborto, con el fin de que esta decisión dependa exclusivamente de la mujer. Las iniciativas únicamente fueron respaldadas por los grupos proponentes, dos de ellos, ER e Izquierda Verde, principales socios parlamentarios del Gobierno. El resto, bien se abstuvo (como CiU y PNV que dieron libertad de voto a sus diputados con convicciones católicas), bien rechazó las iniciativas, principalmente el PP y el PSOE.
Redacción/diarioDirecto
En nombre de los socialistas, María Soraya Rodríguez, aseguró compartir "el fondo" de las propuestas, pero señaló la necesidad de establecer un "cambio tranquilo" que garantice, desde el punto de vista normativo, el derecho a la salud sexual y reproductiva de las mujeres
De hecho, desde la Ejecutiva socialista, se aseguró hoy que esta formación política contempla la posibilidad de impulsar una ley de plazos que despenalice el aborto durante las doce primeras semanas de gestación. Esta medida iría contemplada dentro del paquete de reformas del Código Penal que el Ejecutivo pretende impulsar en 2005.
Ley de plazos
En este sentido, fuentes del ministerio de Justicia indicaron que el Ejecutivo pretende impulsar un debate en el que se haga hincapié en el reconocimiento del derecho a la mujer de decidir libremente sobre la interrupción de su embarazo.
Sobre este punto, Justicia prevé la posibilidad ampliar la despenalización del aborto siempre y cuando se establezca en el marco de un periodo de tiempo durante las primeras semanas de gestación y con "determinados límites", especialmente desde el punto de vista médico y con el debido asesoramiento. En cualquier caso, el PSOE bloqueó este martes estas iniciativas porque, según las mismas fuentes, no le parece oportuno que la agenda política sea marcada, en esta asunto "de especial sensibilidad", por formaciones políticas minoritarias.
Además el PSOE fue muy crítico desde el punto de vista formal, especialmente con el proyecto presentado por Esquerra (completa despenalización del aborto). No obstante, recalcó que la regulación actual "es insuficiente", requiere una orientación sanitaria y que "la amenaza penal es impropia de un orden jurídico democrático".
Doble moral de los socialistas
En la actualidad, la ley únicamente contempla tres supuestos para abortar: cuando exista peligro para la salud física y psíquica de la madre, si se presume que el feto nacerá con malformaciones o en el caso de que la gestante se haya quedado embarazada a consecuencia de una violación.
las iniciativas de IU-ICV y BNG establecen una ley de plazos, en la que el aborto dependería únicamente de la decisión libre de la madre siempre y cuando se produzcan en las 14 y 16 primeras semanas de gestación.
Ambas formaciones políticas hacen hincapié en la "inseguridad jurídica" que plantea la situación actual y en la "vulneración" de la intimidad y la libertad de las mujeres para decidir de manera responsable sobre su maternidad. En este sentido, Carme García (IC) criticó la "doble moral" de los socialistas al hacer un discurso de feminismo e igualdad y al mismo tiempo permitir que continúe "criminalizandoa la mujer por ejercer el derecho de elegir como y cuando ser madre". Esta "doble moral" también fue apuntada por los otros grupos proponentes.
El proyecto de ley de Esquerra, por su lado, va más allá y directamente modifica la disposición derogatoria única a) del Código Penal de 1995 con el fin de que esta norma únicamente regule el aborto realizado sin consentimiento o con un "consentimiento viciado" de la mujer, la impericia médica o el practicado por personas que no tienen la titulación necesaria.
"No existe un clamor social"
La postura más crítica a los proyectos correspondió al Grupo Popular. En su nombre, Alicia Castro (PP) consideró que "no existe un clamor social, ni una demanda real de la sociedad española, ni un claro movimiento" que reivindique la ampliación de la actual regulación del aborto.
Además, entiende que esta posibilidad rompería "el equilibrio constitucional entre el derecho de la mujer y el de la vida humana en formación". Pidió ejercicio de responsabilidad dado que, desde su punto de vista, el PSOE no pensaban en gobernar cuando incluyó esta cuestión en su programa político.
Finalmente, María Mercé Pigem (CiU) y Margarita Uría (PNV) coincidieron en criticar la actual "criminalización" de la mujer en el código penal, si bien no consideraron oportunos la redacción de los proyectos de ley. Sus grupos políticos, no obstante, tienen libertad de voto tal y como apuntó Josep Antoni Durán i Lleida, que en nombre de Unió, tuvo la oportunidad de expresar en el Pleno su postura contraria a la reforma normativa del aborto.
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